La Audiencia Provincial de Almería acoge esta semana la vista oral contra los responsables de la empresa de reunificación de deudas que se adjudicó la vivienda de la que fue desahuciada una anciana de 77 años en Níjar (Almería) en 2011.
El caso se dio a conocer, ya que la mujer protagonizó junto a su hijo, Miguel Ángel Navarro --conocido como el 'Camionero sin camión'--, varios actos de protesta con encierros en el interior de cajeros y un "encadenamiento" en las puertas de la sede del Banco de España en Madrid.
Tras el desahucio, Ángeles Belmonte se instaló una tienda de campaña frente al que hasta el momento era su chalé de 120 metros cuadrados aunque tres días después accedió de 'ocupa' al inmueble, en el que continúa residiendo de esta manera a la espera de que fructifique la negociación para regularizar la situación mediante un alquiler social.
Los acusados, que serán enjuiciados ante el tribunal de la Sección Tercera, se enfrentan a penas de cinco años de cárcel acusados de un delito de estafa.
El presunto fraude, del que fue víctima el otro hijo de la anciana, desembocó en la ejecución hipotecaria sobre la casa, ubicada en el número 2 de la Calle Mezquita de Córdoba, en el barrio de Campohermoso, y en la que, a las 10,00 horas del 1 de diciembre de 2011, se personaron funcionarios para ejecutar la orden de desahucio frente a unos 40 activistas del movimiento 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La Fiscalía considera que Francisco R.L., como representante legal de UCH Hipotecario SA, y Gema S.C., estafaron presuntamente al hijo de Ángeles Belmonte, quien, junto a su marido, le había otorgado poderes para que pudiese refinanciar sus deudas y sobre cuya vivienda se firmó una hipoteca cambiaría, valorada "en aquel entonces" en 180.000 euros.
Los hechos se remontan a enero de 2006 cuando, según recoge el Ministerio Público en el escrito de calificación al que tuvo acceso Europa Press, el hermano del 'camionero sin camión', quien se encontraba en una "difícil situación económica", decidió contactar con la empresa de los acusados tras ver la publicidad en la que se ofertaba gestionar la reunificación y refinanciación de deudas.
Así, inició una negociación telefónica con Francisco R.L., en la que habría participado de manera "activa" Gema S.C., tras la que fue convocado a Madrid en julio para firmar e iniciar el proceso en una notaria no sin que antes él les hubiese remitido toda la documentación sobre su caso.
"SE APROVECHARON DEL DESCONOCIMIENTO"
El 14 de julio de 2012 los dos hijos de la anciana y un amigo de estos acudieron a la cita. En el transcurso de esta, según remarca el fiscal, los acusados "mantuvieron la apariencia de que tenían como fin la reunificación y la refinanciación de las deudas y se aprovecharon del desconocimiento de la víctima cuando obraban siempre con el fin de lucrarse ilícitamente".
De este modo, supuestamente le hicieron firmar letras de cambio por importe de 30.000 y 80.000 euros "con la excusa de que eran para satisfacer los gastos de la financiación por una cuantía global de 110.000 euros".
A su vez, habrían entregado al hermano del 'camionero sin camión' un talón de 34.00 euros con el "objeto de que abonase las cantidades que adeudada, manteniendo la apariencia y con la promesa de que no tendría que pagarlas sino que se integrarían en la refinanciación".
Según explica en Ministerio Público, "acto seguido" firmaron las escrituras del préstamo y la constitución de hipoteca cambiaria sobre la vivienda de la que fue desahuciada finalmente Ángeles.
En junio de 2007, los dos acusados les notificaron que la operación hipotecaria vencía el 14 de julio "a sabiendas de que no podrían hacer frente a la misma pues no había tenido lugar la supuesta reunificación y refinanciación de deudas, procediendo a la ejecución", que se realizó por orden judicial en diciembre de 2011.
Francisco R.L. y Gema S.C. se enfrentan, asimismo, al pago de una multa de 12 meses a razón de 12 euros al día y al pago de una indemnización a la víctima, si bien Navarro ha indicado que ambos "se han declarado insolventes". La Fiscalía pide que se declare responsable civil subsidiario a UCH Hipotecario SA, así como la nulidad de las escrituras que se realizaron "con origen en el engaño descrito".
Cabe recordar que una juez requirió en noviembre de 2012 a Ángeles Belmonte para que abonase una multa de 60 euros a la que fue condenada por encerrarse en un cajero automático. Antes, había sido condenada por una falta de coacciones en el mes de abril de ese año al pago de 20 euros de multa por encadenarse a otra oficina de esta misma entidad en la capital almeriense. La juez fijó, asimismo, una indemnización 201,52 euros que correspondían al coste que tuvo retirar el cristal de la fachada para que pudiese ser desalojada por la Guardia Civil.
