La juez Mercedes Alaya ha prorrogado nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja', en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, después de que el pasado mes de mayo acordara levantar de manera parcial el secreto en lo relacionado únicamente con Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, la magistrada ha dictado este lunes un auto en el que prorroga nuevamente por espacio de un mes el secreto de sumario que pesa sobre el resto de la investigación.
Cabe recordar que, tras levantarse parcialmente el secreto respecto a los dos imputados aludidos, se conoció un atestado en el que la Guardia Civil cifraba en 411.215,56 euros el incremento patrimonial no justificado entre los años 2005 y 2012 de Domingo Enrique Castaño y su mujer y consideraba que "parte de dicho incremento patrimonial podría provenir de ingresos opacos sin justificar y cuyo origen podría ser ilícito".
En este atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil asevera que los imputados "podrían haber visto incrementado su patrimonio de forma considerable y sin justificación aparente en relación con los ingresos que legítimamente han recibido por su trabajo, actividades económicas y rendimientos del capital".
De este modo, la diferencia entre el patrimonio inicial a fecha 1 de enero de 2005, que asciende a 243.811,53 euros, y el patrimonio final a 1 de enero de 2012, por valor de 1.055.208,21 euros, es de 811.396,68 euros, todo ello a pesar de que los ingresos justificables ascienden "sólo" a 531.209,83 euros.
"Este hecho es ya de por sí llamativo, puesto que a simple vista el incremento patrimonial sería superior a los ingresos justificados del matrimonio, a los que habría que restar los adeudos por recibos domiciliados, pagos con tarjetas e intereses de préstamos hipotecarios", que ascienden "al menos" a 131.028,71 euros, una diferencia que da como resultado unos ingresos justificables de 400.181,12 euros.
Según los agentes, esto último "pone de manifiesto un desfase de 411.215,56 euros" entre el incremento patrimonial y los ingresos una vez deducidos los gastos mencionados", lo cual "explica por qué el balance de las cuentas corrientes no se sostenía solamente con los ingresos justificados, lo que ha llevado al matrimonio a inyectar en el sistema bancario las cantidades de dinero en efectivo a las que se hace referencia y a realizar numerosas compras en efectivo".
La Guardia Civil precisa, además, que en las cuentas bancarias del matrimonio "se observan 233.306,83 euros en ingresos en efectivo que no proceden de cargos anteriores en otras cuentas propias, a los que hay que sumar compras realizadas en efectivo por importe de 390.785,83 euros, lo que hace un total de 624.092,66 euros sin justificar".
"COMISIONES ILEGALES"
Además de estos pagos de efectivo, "se ha constatado el pago de diferentes comisiones ilegales, materializadas en bienes o servicios y algunas pagadas incluso en efectivo, que han sido financiadas" por el también imputado Rafael González Palomo a través de Fitonovo y Fiverde, de la que es administrador Ángel Manuel Macedo, el cual "tenía pleno conocimiento de toda la operativa".
La Guardia Civil precisa que las "comisiones" en bienes o servicios habrían sido de 63.431,41 euros, mientras que en efectivo ascenderían a 30.000 euros. "El incremento patrimonial" mencionado "es imposible de lograr de no ser con los ingresos y pagos en efectivo sin justificar, los cuales pudieran proceder de comisiones ilegales", agrega.
A juicio de los agentes, "este incremento patrimonial injustificado parece tener una relación directa con los cargos y puestos desempeñados" por Castaño "tanto en el Ayuntamiento como en Mercasevilla" y las "contraprestaciones que habría recibido de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, habiéndose detectado determinadas prácticas que parecen ir encaminadas a ocultar el pago de importantes cantidades de efectivo y la comisión de supuestos delitos de cohecho".
Dentro de este caso, en marzo salieron en libertad bajo fianza de 150.000 euros el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, y de 250.000 euros el empresario de 'Fitonovo' José Antonio González Baró, mientras que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.
DOS FASES
La operación 'Madeja' se desarrolló en dos fases entre julio y diciembre de 2013, en la primera de las cuales fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar en agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
De su lado, la instructora dejó en libertad sin fianza a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, a la que imputó los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Así, únicamente acordó que se le retirara el pasaporte. Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre pasado, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres.
De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.
CONTABILIDAD 'B'
Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.
En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.
