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Martes 12/11/2024
 
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Almería

Piden penas de seis años para siete acusados de alijar hachís en la Isleta del Moro

Así, M.E.H., junto a su compatriota M.E.M., se encargaron supuestamente de la logística para conseguir la entrada en territorio español y, por tanto, de la embarcación tipo zódiac en la que transportar la sustancia desde la costa africana hasta el punto de trasbordo en alta mar

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La Fiscalía va a solicitar penas de entre seis años y seis meses de prisión, y cinco años y nueve meses de cárcel para siete integrantes de un grupo que intentó alijar presuntamente más de media tonelada de hachís en el embarcadero de La Isleta del Moro, en la Comarca del Níjar (Almería).

   La banda, liderada por M.E.H., de nacionalidad marroquí, fue desmantelada en enero de 2010 en el transcurso de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y se saldó con el decomiso de 510,8 kilos de droga que hubiese alcanzado en el mercado negro un valor superior a los 2,6 millones de euros.

   Según recoge el escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la banda, con ánimo de enriquecerse ilícitamente, planificó el traslado a España desde las costas de Marruecos de un alojo de hachís y "organizaron" cómo habría de realizarse la operación y cuáles habrían de ser lo roles de cada para "garantizar su éxito".

   Así, M.E.H., junto a su compatriota M.E.M., se encargaron supuestamente de la logística para conseguir la entrada en territorio español y, por tanto, de la embarcación tipo zódiac en la que transportar la sustancia desde la costa africana hasta el punto de trasbordo en alta mar.

   El "máximo responsable" de la banda, según el Ministerio Público, se habría encargado, asimismo, junto a S.A., de concertar con "clientes indeterminados" la venta y la distribución del hachís para su comercialización, al tiempo que habría contactado con el acusado A.R. para "poder dar salida a la embarcación desde Marruecos".

   Por su parte, a J.L.F.V., de nacionalidad española, se le imputa el haber realizado las labores de vigilancia de la costa española donde se tenía que haber desembarcado el cargamento de droga mientras que a F.M.C. y M.T.S., también españoles, se les acusado de ser los responsables del alijamiento y transporte hasta un "lugar seguro" de los fardos.

   El desembarco del hachís se programó, tal y como detalla el fiscal, para el 15 de enero de 2010 y el lugar elegido fue el embarcadero de la Isleta del Moro, en Níjar.

   Ese día, el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó la presencia a unas 21 millas de la costa una "pequeña lancha recreativa" en "actitud de espera" y con F.M.C. a bordo y como se acercaba a ella una zódiac desde la que se comenzaban a "travasar bultos", por lo que, cuando esta puso rumbo a tierra, se activó un dispositivo para su seguimiento y vigilancia.

OPERATIVO EN TIERRA

   Paralelamente, la Policía Nacional detectó a las 09,30 horas como un coche, conducido presuntamente por el acusado J.L.F.V., circulaba a baja velocidad y "en actitud vigilante" por el embarcadero de la Isleta del Moro, se dirigía al cercano núcleo del Pozo de Los Frailes, "esperaba allí y luego se dirigía nuevamente a la Isleta del Moro para poner rumbo a San José, donde siguió esperando".

   Dos horas más tarde, J.L.F.V. se encontraba supuestamente con M.T.S., quien había llegado al embarcadero con un todoterreno y un remolque, al mismo tiempo, según recoge el fiscal, que se aproximaba al embarcadero la lancha de recreo localizada por el SIVE en alta mar y "patroneada" por F.M.C.

   La operación explotó cuando los acusados engancharon la embarcación al remolque. En el interior, los agentes intervinieron un total de 40 fardos con un peso total de 510,8 kilos. La droga estaba dividida en dos lotes según el grado de porcentaje de THC, que oscilaba entre el 7,73 y el 2,72 por ciento.

   El Ministerio Público interesa para F.M.C. y para R.A. la pena de seis años y seis meses de prisión por un delito contra la salud público con la agravante de reincidencia mientras que para los cinco coacusados solicita penas de cinco años y nueve meses de cárcel. Para todos pide, asimismo, el pago de dos multas de 5,2 millones de euros.

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