El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado suspender el plazo del que disponen las acusaciones del caso Nóos para presentar sus escritos de calificación, en los que determinarán quiénes de los veinte imputados de la causa deben sentarse en el banquillo de los acusados y qué penas solicitan para cada uno de ellos. El juez mantiene de este modo el periodo para presentarlos, del 3 al 9 de diciembre.
Mediante una providencia dictada este lunes, el magistrado desestima de este modo la petición efectuada por el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien había recurrido la decisión de Castro de dar trámite a las acusaciones para que durante esos días pudieran presentar sus escritos. En cualquier caso, el alto cargo valenciano ha impugnado ahora esta última resolución ante la Audiencia Provincial de Baleares.
El pasado mes de junio Castro archivó la causa para el vicealcalde así como para otros numerosos imputados, si bien la Audiencia acordó reabrir las investigaciones para Grau tras estimar el recurso que interpusieron los concejales del PSPV del Ayuntamiento. Grau defiende, sin embargo, que es el propio juez instructor quien debe decidir sobre esta cuestión, y no la Audiencia.
El tribunal de la Sección Segunda aceptó los argumentos expuestos por los regidores socialistas al incidir en el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.
Se trata de unas contrataciones en el marco de las cuales, según la Audiencia, se orilló el interés general, se prescindieron de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.
Unas pautas que eran obligadas, añadía la Audiencia, al recalcar que los fondos que manejaba la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), entidad que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos addendas posteriores, y de cuyo Consejo Rector era miembro Grau, eran de naturaleza pública.
