Mercasevilla ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, de declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa respecto a la fianza de 1.650.000 euros impuesta al exdirector general de la lonja Fernando Mellet, pues considera que se trata de una decisión "nula de pleno derecho" que "se adoptó en una vista de medidas cautelares en la que no estaba presente Mercasevilla, a la cual se le notificó su personación como acusación con posterioridad".
En el recurso elevado al Juzgado de Mercedes Alaya, consultado por Europa Press, la representación legal de Mercasevilla solicita de manera subsidiaria a la magistrada que declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta por la actuación del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero respecto de la ayuda sociolaboral para los extrabajadores del ERE de 2003 de Mercasevilla y su responsabilidad subsidiaria "por la actuación de los sucesores de Guerrero así como de todos los responsables de la Junta que están siendo investigados".
En el recurso, Mercasevilla pone de manifiesto que, "en esa vista de medidas cautelares, se le privó de poder realizar en el acto las alegaciones oportunas, que podrían haber motivado otra resolución distinta en la que no se acordase responsabilidad alguna" de la empresa.
A ello se suma "la ausencia total de motivación" del auto, pues la magistrada "no dedica ni una sola línea a fundamentar la decisión de considerar a Mercasevilla responsable civil subsidiaria", y que "no concurren ninguno de los dos requisitos exigibles para imponer medida cautelar alguna y, muchos menos, responsabilidad civil subsidiaria de Mercasevilla", ya que "ni concurre apariencia de buen derecho ni periculum in mora".
En este sentido, precisa que "no existe apariencia de buen derecho" porque existe un decreto ley "de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, convalidado por el pleno del Parlamento de Andalucía, que convalida y declara la legalidad, entre otras, de la póliza de seguros del ERE de 2003 de Mercasevilla".
"Aparte de que el auto recurrido resulta nulo de pleno derecho, no alcanzamos a entender cuál es el pago irregular que supuestamente ha realizado la Junta", asevera la representación legal de Mercasevilla, quien recuerda a la juez que, con motivo de dicho decreto ley, la propia Junta "archivó el expediente informativo que inició sobre las ayudas concedidas para los extrabajadores del ERE 2003, acordando incluir a estos en el procedimiento de novación de pólizas de rentas".
DURA CRÍTICA A LA POSICIÓN DE LA JUNTA
Esta resolución "le fue notificada por la Junta a los extrabajadores de Mercasevilla", dice el escrito, que añade además que Mercasevilla "nunca firmó la novación de la póliza, por lo que no sabemos por qué tiene que ser responsable en todo caso de nada" y asevera que "no alcanza a entender la petición de la Junta de la responsabilidad civil subsidiaria de Mercasevilla, salvo que se deba a motivos políticos al ser Mercasevilla el origen del caso ERE".
"Es más, en otros procesos judiciales, como son los asuntos laborales referidos al ERE de 2007 de Mercasevilla, la propia Junta ha defendido la legalidad del ERE de 2003 de Mercasevilla y la financiación del mismo", a lo que se suma la existencia del protocolo de colaboración suscrito entre el director general de Trabajo y el director de Mercasevilla y el convenio de colaboración con el antiguo IFA para la materialización del pago de las ayudas del ERE de 2003, "que afianzan la legalidad de la póliza" de este ERE.
Además, "tan legal considera la Junta el ERE de 2003 que no inició expediente de revisión de oficio de las ayudas concedidas a los extrabajadores del mismo", por todo lo cual pide a la juez que declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta por la actuación de Guerrero respecto de la ayuda sociolaboral para los extrabajadores del ERE de 2003 de Mercasevilla y su responsabilidad subsidiaria "por la actuación de los sucesores de Guerrero así como de todos los responsables de la Junta que están siendo investigados".
CONCURSO DE ACREEDORES
Mercasevilla considera, asimismo, que la declaración de responsabilidad civil de la empresa "resulta injustificada y, por supuesto, absolutamente perjudicial para la misma", ya que "si resultara obligada a destinar sus fondos a cubrir la responsabilidad civil subsidiaria que nos ocupa, muy probablemente se vería en la necesidad-obligación de solicitar concurso de acreedores, perjudicando en última instancia el abasto de la ciudad y su zona de influencia".
Además, si la juez "obliga finalmente a Mercasevilla a cubrir la responsabilidad que se pretende estaría contribuyendo a un enriquecimiento injusto de la Administración Pública y a que un acto ilícito se vuelva en contra" de la empresa.
Mercasevilla, que también interesa que se requiera a la Junta para que relacione las empresas a las que "según su criterio se debe imponer" responsabilidad civil subsidiaria y que las cuantifique, asevera que "pretender que Mercasevilla responda ahora por la actuación de su exdirectivo y de la Junta carece de toda lógica, aparte de resultar injusto y perjudicial para la propia supervivencia de la empresa".
