El Gobierno central va a derogar las tasas judiciales que afectan a las personas físicas mediante un decreto que no tardará en aprobar el Consejo de Ministros, según ha avanzado el decano del Colegio de Abogados de Málaga.
Las personas no tendrán que pagar por acceder al servicio público de Justicia. El Gobierno central tiene previsto reformar la Ley 10/12 de tasas judiciales, una normativa que entró en vigor hace dos años y que obligaba a los ciudadanos, por primera vez, a pagar como personas físicas entre 100 y 1.200 euros por acudir a los tribunales.
Es un anuncio que ya han hecho público tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero el decano del Colegio de Abogados de Málaga, uno de los pioneros en oponerse a ellas y de los más beligerantes del país, ha abundado en la noticia y ha asegurado este jueves que el Ejecutivo derogará las que afectan a las personas físicas.
Lara ha avanzado de esta forma el resultado de las negociaciones que mantiene el Colegio con el Consejo General de la Abogacía Española y el propio ministro. Una resolución lógica, en su opinión, dados los perjuicios que, asegura, ha ocasionado el denominado “tasazo”.
Las tasas judiciales han tenido como consecuencia directa la disminución de la actividad en los juzgados Especialmente en los contenciosos-administrativos, en los que ha caído cerca de un 40% en Málaga. Y, también, en los civiles.
Lara cree que muchas personas que no han podido acceder al servicio de Justicia por no poder pagar estas tasas podrían presentar reclamaciones tras su derogación.
Independientemente a la implantación de las tasas, los ciudadanos con menos recursos tienen acceso a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Colegio de Abogados de Málaga ha registrado 39.336 procedimientos en el marco de este servicio el pasado año, además de otras cerca de 39.200 asistencias a detenidos.
El 42% de los procedimientos fueron penales; mientras que decrecieron los procedimientos civiles y los contenciosos-administrativos como consecuencia de la implantación de las tasas.
Junto al anuncio de derogación de las tasas judiciales, Lara también ha celebrado otra “buena noticia”, según ha asegurado. La Junta ha saldado buena parte de su deuda con los abogados y procuradores malagueños, a los que adeudaba un año de servicios prestados. Más de 5,5 millones ha desembolsado la institución autonómica.
