Aznalcóllar vuelve a estar de nuevo en el centro de la polémica, esta vez sin vertido, pero con un procedimiento de adjudicación puesto en duda judicialmente y que ha obligado a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, a ordenar la paralización del proceso hasta que se subsanen las “dudas” que los responsables de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa achacan a la jueza que investiga el caso, un proceso “complejo” pero por el que ponen “la mano en el fuego”.
El procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis-México fue recurrido, además de por la vía administrativa, por la penal por Emerita Resources, finalista en un concurso plagado de “irregularidades” en el que consideraba que la Junta había cometido los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Y así lo ha apreciado también la instructora del caso, la titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, quien en un auto fechado el 7 de mayo, en el que ordenaba a la Policía Judicial tomar declaración a los funcionarios y a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, considera que la Junta concedió esa mina “sin el más mínimo rigor” a una empresa que “ni siquiera” cumplía las exigencias mínimas para la primera fase del concurso. De hecho, la jueza cuestiona prácticamente todos los fundamentos que expone Emerita en su recurso, especialmente la llamada del secretario general de Industria, Vicente Fernández, a la empresa denunciante y que le había anunciado el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, al que la jueza también tomará declaración.
Paralización del concurso
“Ante cualquier sospecha que tenga un juez en cualquier procedimiento o adjudicación de la Junta haré lo que he hecho esta mañana, ordenar que se paralice cualquier concesión que esté en esa situación”, confirmaba la presidenta en funciones, aunque también pedía “rapidez, velocidad y rigor” en la investigación. “Si al final del procedimiento resulta alguna ilegalidad o alguna irregularidad, haré como siempre”, sentenciaba Susana Díaz.
Quienes sí han comparecido ante la prensa han sido María José Asensio y Vicente Fernández, los cuales han defendido la “limpieza” del procedimiento, el “inmenso esfuerzo” realizado en un proceso “complejo y novedoso” y por el que han puesto “la mano en el fuego”, apuntando que la suspensión ha sido por “prudencia” y no porque la impusiera la jueza.
Ninguno de los dos ha declarado aún ante la jueza pero sí varios funcionarios, por lo que esperan que la causa penal se archive con sus explicaciones, que se despejen las “dudas” de la jueza, que entienden por la complejidad del concurso, apuntando que la documentación que echa en falta no era exigible en el momento del procedimiento pero que se ha presentado ya.
Sobre la llamada de Fernández, él mismo ha confirmado que se realizó pero la ha encuadrado en los contactos realizados para informar a todas las empresas y ha negado que la Junta “predeterminara” que las empresas se organizasen de “ninguna manera”. Posteriormente, Fernández anunciaba que emprendería acciones legales contra quienes “insinúen” que pudo influir en la resolución del concurso minero.
