El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Jaén, Emilio García- Rueda, ha absuelto a unos padres que no escolarizar a su hijo por los problemas de dislexia que presentaba y que le impedían seguir el ritmo normal del resto de sus compañeros de clase. De esta forma, el magistrado avala la decisión de estos padres y los absuelve del delito de abandono de familia del que venían acusados por el Ministerio Fiscal.
La sentencia recoge como hechos probados que durante el curso 2011/2012, los padres justificaron 20 ausencias de su hijo y dejaron sin el correspondiente justificante otras 76 faltas. Para el curso 2012/2013 decidieron no escolarizar al menor.
Según las declaraciones prestadas por testigos y peritos en el juicio, el menor sufría un cuadro de ansiedad y estrés generado por el cuadro de dislexia que presentaba y que le ocasionaba dificultades para expresarse, escribir e incluso relacionarse con el resto de compañeros. El psicólogo del centro escolar donde el menor estaba matriculado trabajó con él para intentar superar los problemas, pero el resultado no fue de mejora. Por eso los padres acudieron también a un psicólogo privado.
Muy por el contrario, el menor comenzó a desarrollar conductas agresivas que le llevaron en varias ocasiones a ser expulsados del centro. Ante esta situación, los padres decidieron que su hijo abandonara el colegio. No obstante, tal y como recoge la sentencia, los padres optaron por darle ellos mismos clases en casa, le apuntaron a una academia privada y le matricularon en actividades extraescolares para favorecer el contacto con otros menores. Además, han intentado que su hijo entre en sistemas de educación a distancia.
Por todo ello, el magistrado entiende que "los padres en pro del beneficio de su hijo no han cesado en buscar alternativas para que su hijo pueda formarse y al mismo tiempo se recupere emocional y psicológicamente". De esta forma, entiende que por parte de los progenitores no ha habido "ni desidia ni pasividad" en lo referente a la educación del menor.
En los últimos cinco años, la Fiscalía colabora con la Delegación de Educación para revisar los expedientes del alumnado con mayor número de ausencias escolares sin justificar. El primer paso es una entrevista con los padres en la que se intenta reconducir la situación. Si no es así, acaban denunciados por la vía penal como presuntos autores de un delito de abandono de familia.