El cabeza de lista de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en las elecciones del próximo 27 de septiembre, Ramón Espadaler, declarará el viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como testigo en la causa en la que se investiga el patrimonio de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente del Gobierno catalán.
Espadaler, que fue consejero de Medio Ambiente de la Generalitat entre 2001 y 2003, será preguntado por la autorización que su departamento otorgó para la puesta en funcionamiento en 2004 de un vertedero en Tivissa (Tarragona), operación en la que el hijo del 'expresident' habría ganado supuestamente cinco millones de euros. Por estas mismas pesquisas comparecerá el mismo día el sucesor del líder de Unió en el departamento de Medio Ambiente, Salvador Milà, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds (ICV).
Las comparecencias de Espadaler y Milà se celebrarán a petición de las defensas del presidente de GBI Serveis, Gustavo Buesa, y su socio Josep Mayola, que pretenden demostrar que todas las actuaciones en relación con el vertedero se hicieron en el marco de la legalidad y tuvieron el visto bueno del Gobierno convergente y del tripartito de izquierdas, informaron a Europa Press fuentes de su defensa.
Buesa declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez Pablo Ruz que el hijo del 'expresident' invirtió 700.000 euros en su empresa Gestió i Recuperació de Terrenys, encargada del proyecto. Diez días antes de que la compañía se vendiera a una filial de FCC, Pujol Ferrusola vendió su participación por cinco millones de euros.
Mayola, por su parte, aseguró que no conocía al hijo del exjefe del Gobierno catalán aunque, visiblemente nervioso, según fuentes presentes en el interrogatorio, admitió que le hizo un pago de 73.000 euros por la venta de su participación en el centro de tratamiento de residuos.
NEGOCIOS CON LOS SUMARROCA
El juez De la Mata también interrogará como imputado al exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona Jaume Ferrer Graupera, que habría puesto dos de sus empresas (Trade Management Consulting y Cientific Management) a disposición del hijo del 'expresident' para "intervenir en procesos de refacturación" entre Pujol Ferrusola y la compañía EMTE, vinculada a la familia Sumarroca.
En este mismo contexto, prestará declaración en calidad de testigo el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja Arburúa, que ocupó el cargo de director de Expansión Internacional de la compañía en la época en la que, según la instrucción, Pujol Ferrusola habría asesorado a EMTE para que expandiera sus negocios en México.
El juez De la Mata, que investiga si Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, cobraron comisiones a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos, desestimó también la petición de archivo de la causa que habían solicitado los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y su hijo, Carlos Sumarroca Claverol, argumentando que "no es viable" porque "se ha ampliado recientemente la imputación y no se ha concluido la investigación judicial".
En concreto, De la Mata investiga a los Sumarroca por cuatro operaciones que están siendo analizadas y se encuentran pendientes de la práctica de "diligencias", según detalla en su resolución. Entre ellas se encuentran tres pagos investigados en 2008 y 2009 por valor de 154.048 euros entre EMTE y las empresas de Jordi Pujol Ferrusola, que este explica como labores de consultoría por la expansión de su grupo en México.
De igual modo, el juez rastrea las entregas que EMTE realizó a las compañías de Ferrer Graupera en 2004 y 2005, que sospecha que tenían como destinatario final a Pujol Ferrusola; la intermediación del hijo del 'expresident' en la obtención de un contrato en 2008 para la reforma de las instalaciones de Radio France y la compra de opciones sobre acciones del laboratorio General Lab (propiedad de los Sumarroca), en las que habría intervenido su hermano Josep.
En la causa, abierta tras una denuncia presentada por María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola, se investigan las transacciones de hasta 8,5 millones de euros que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña" realizaron a cinco sociedades del primogénito y su esposa. Según la UDEF, constituirían "millonarias comisiones no justificadas".
