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Viernes 22/11/2024
 

Córdoba

Ambrosio, sobre la multa de Rafael Gómez: "Hay que poner los mecanismos" para cobrar "cualquier deuda"

Así lo ha señalado la alcaldesa, en declaraciones a los periodistas, después de ser preguntada por si la administración local cobrará dicha multa por la construcción sin licencia de las naves de la antigua Colecor, en la carretera de Palma del Río

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  • AMBROSIO -

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha manifestado este jueves sobre la multa de 20 millones de euros que debe el empresario y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, al Consistorio que "hay que poner todos y cada uno de los mecanismos para que cualquier deuda pendiente con el Ayuntamiento esté en condiciones de cobrarla".

   Así lo ha señalado la alcaldesa, en declaraciones a los periodistas, después de ser preguntada por si la administración local cobrará dicha multa por la construcción sin licencia de las naves de la antigua Colecor, en la carretera de Palma del Río.

   Mientras, sobre la petición del fiscal de 44 años de prisión para Rafael Gómez por la supuesta comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de cerca de 70 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, presuntamente por el empresario y sus cuatro hijos, Ambrosio se ha mostrado "respetuosa" porque "hay un proceso judicial abierto", de manera que "cuando haya una sentencia definitiva será el momento en el que le toca opinar al Ayuntamiento", ha apuntado.

   Cabe recordar que Gómez se enfrenta a peticiones de cuatro años de cárcel por cada uno de los 11 delitos y multas que oscilan entre los 70 y 420 millones de euros, según han señalado fuentes judiciales, mientras que para los cuatro hijos pide para cada uno de ellos penas de dos años y nueve meses de prisión, acusados cada uno de nueve delitos contra la Hacienda Pública.

   Por su parte, la mujer de Rafael Gómez no ha sido imputada por el Ministerio Público, que entiende que su participación ha sido "lucrativa solo en algunos casos", según las fuentes judiciales, que apuntan a cuatro sociedades en este caso a través de las que supuestamente han defraudado unos 69,9 millones de euros.

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