Manos Limpias ha solicitado a la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, que cite al responsable del informe en el que el Instituto Nacional de Toxicología concluye que la depuradora no funciona y presenta visualmente un estado de abandono y que hay que depurar los lixiviados procedentes de la mina.
En un escrito fechado este lunes día 28 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular que ejerce Manos Limpias solicita a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla la comparecencia de Albert Vingut López, "quien suscribió el citado informe toxicológico sobre Aznalcóllar", con el objetivo de que ratifique el contenido del mismo.
Manos Limpias también pide a la magistrada que cite a declarar a la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, "quien se encontraba en funciones durante el proceso de adjudicación de las actividades extractivas de la mina". Asensio ya compareció como imputada el pasado día 17 ante la instructora y defendió que la Junta actuó con "legalidad" y fue "especialmente exquisita" en este caso.
En este sentido, Manos Limpias señala que, "a la luz de lo dispuesto" por el informe emitido por el Instituto Nacional de Toxicología, "se puede constatar que el área minera se encuentra en una situación urgente de gestión, control y depuración, hechos que ya fueron puesto de manifiesto al Juzgado" por la UDEF, "la cual no ha sido llevada a cabo de forma diligente por la Junta de Andalucía".
Además, asevera que "si se tienen en cuenta las informaciones emitidas por la Consejería competente, sobre la situación y estado de las instalaciones extractivas de la mina de Aznalcóllar, se puede evidenciar con el informe de Toxicología emitido un abandono en el mantenimiento de las instalaciones de ésta por parte de las autoridades competentes de la Junta y una falta a la realidad de la situación de las instalaciones".
Al hilo, Manos Limpias añade que, "poniendo en conexión la situación en la cual se encuentran las instalaciones extractivas, puede apreciarse una actuación prevaricadora por parte de la Junta, la cual se traduce en irregularidades en el concurso de adjudicación de la mina a favor de la adjudicataria, la cual formaba parte del grupo Magtel, que mantenía importantes relaciones con la Junta a través de numerosas concesiones".
Todo ello, agrega, "ha derivado en una falta de depuración y control de las aguas procedentes de la mina, lo que ha generado elevadas concentraciones de sustancias tóxicas altamente cancerígenas en el agua y suelo del área de explotación extractiva".
