La cara menos amable de la vuelta al cole es sinónimo de recursos de alzadas y anexos que en el peor de los casos derivan en contenciosos administrativos. Es lo que les queda a los padres -casi siempre de colegios concertados- que detectan irregularidades en la adjudicación de plazas en los centros elegidos para que sus hijos empiecen a estudiar Infantil (3 años). Hasta ahora la mayoría de esos pliegos abordaban fraudes en domicilios y renta para hacerse respectivamente con los 14 y el medio punto más que muchos veces supone la entrada directa al colegio. Pero si esta problemática no era suficiente, ahora las familias denuncian que es la propia Junta la que con su política de plazas vacantes que se reservan los concertados (Compañía de María, El Pilar, El Cuco...)para los supuestos de acoso escolar, violencia de género y traslado de ciudad, está complicando aún más su camino.
Manuel Fernández es abogado especializado en casos de escolarización y cada vez está recibiendo más demandas de padres perjudicados por esta “interpretación” de la norma. Según el letrado, la Junta relaciona estas plazas exclusivamente con el procedimiento extraordinario de escolarización que empieza en junio, una vez que se realizan las matriculaciones, mientras que en otras comunidades autónomas arranca en octubre. Este es, a juicio de Fernández, uno de los primeros errores de base, pues en la práctica los padres empiezan en esa fecha a presentar las reclamaciones, que acaban coincidiendo con las renuncias, con lo que en pleno septiembre estas quejas siguen sin resolverse.
Para Fernández, no tiene sentido, por tanto, que esas vacantes no se oferten y se resten de las 25 plazas que hay por clase, mientras ese centro cuente con demanda y haya niños en lista de espera que sin esta política estarían dentro. “Esto genera una frustración enorme en los padres (han creado una plataforma) que se quedan a las puertas cuando hay clases que van a pasar el curso con 22 alumnos. Es absurdo el argumento que exponen porque para estos supuestos no tienen por qué reservar plazas ya que la ley permite aumentar hasta en tres alumnos la ratio”.
De hecho, como resalta, el propio Defensor del Pueblo Andaluz le ha dado la razón a una denuncia de unos padres con un informe en el que recomienda a la Junta de Andalucía que las plazas que son anteriores a las reclamaciones se tienen que ofertar y que mientras que haya recursos de padres no se entra en periodo extraordinario. Una conclusión a la que la Junta hace oídos sordos pero que puede marcar un precedente cuando los casos vayan a los tribunales, pues hay padres que ya avisan de que llegarán hasta el final para reivindicar su derecho a escoger colegio.
Mientras tanto, Martínez advierte que este asunto ya está empezando a generar las primeras “piruetas jurídicas”, pues le consta que puede darse un uso arbitrario de estas plazas. “Sabemos que en Cádiz han ofertado una de estas plazas de El Cuco a un alumno al que le quitaron los puntos por irregularidades en la Compañía. Resulta que a este padre se le premia por un fraude y tiene más derecho que el que está en lista de espera y ha hecho las cosas bien”.
Alquileres de conveniencia para asegurarse plaza en el centro
Las cifras de niños que se quedan fuera de los centros concertados no tienen las connotaciones escandalosas de antes, pero en este balance tiene mucho que ver el hecho de que los padres, como apunta Fernández, “cada vez se lo monten mejor”. La consecuencia más lógica de ello es el descenso de la bolsa de fraudes, pero al margen de que la demanda sea menor por la caída de la natalidad, también influye en que salgan a la luz menos irregularidades la picaresca de las familias con tal de garantizarse plaza en el centro deseado. “Hay alquileres de conveniencia por un tubo. La gente está dispuesta a mudarse con tal de tener los puntos. La diferencia entre antes y ahora es que ahora por lo menos se van a vivir tres meses antes de que empiecen las clases. Antes ni la llegaban a habitar y, en estos casos, es muy difícil de demostrar. Fernández lo tiene claro: si hay alguien en este caso que no cumpla sus funciones es la Junta de Andalucía por su falta de interés aún habiendo dudas de los propios agentes del 092 que acuden a los domicilios denunciados para hablar con los vecinos y certificar que viven allí. “Este año ha admitido como domicilio familiar casas en obras y no estaba tan claro”, advierte.
