La Fiscalía de Sevilla ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 17 el "sobreseimiento provisional" de la causa incoada a cuenta de la ocupación sin título alguno de las naves de la calle San Luis que antaño albergaban la sala teatral Endanza, en el sector norte del casco histórico de Sevilla, un espacio desalojado el pasado 17 de julio por orden de la citada instancia judicial.
Las antiguas naves de la calle San Luis, en pleno casco histórico de Sevilla y sujetas al área de reforma interior ARI-DC-02 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), engloban la finca que albergaba la sala teatral Endanza, toda vez que el espacio, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), estuvo hasta el pasado 17 de julio en manos de un colectivo ocupa que, sin título alguno, usaba este espacio para diversas actividades.
Pero el 16 de julio, el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, a través de un auto recogido por Europa Press, daba cuenta de que tras la denuncia de Cajastur por la "usurpación violenta y la ocupación del inmueble número 40 de la calle San Luis, propiedad como se ha señalado de la Sareb, la citada entidad había solicitado "el desalojo" de la finca, aspecto apoyado por cierto por la propia la Fiscalía.
AL MENOS OCHO IMPUTADOS
Así, el juzgado dictaba "la medida cautelar consistente en el desalojo de los ocupantes" de los números 40 y 44 de la calle San Luis, librando oficio a la Policía "para que proceda al inmediato desalojo de los inmuebles". A primera hora del día siguiente, el 17 de julio, un despliegue policial se saldaba con la recuperación de la finca en favor de la Sareb.
En el marco de la citada causa judicial, el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla imputó por un presunto delito de usurpación a un total de ocho personas identificadas por la Policía Nacional en las inmediaciones de la parcela, mientras una joven de 26 años se autoilculpó como miembro del colectivo social promotor de la ocupación.
Pero mediante un escrito fechado el pasado 23 de septiembre y recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita el archivo de las actuaciones judiciales, argumentando que de las mismas se desprende que "el uso que por los imputados se da al solar invadido es meramente temporal o accidental, sin vocación de permanencia, más allá del desarrollo esporádico de actividades culturales", toda vez que la tipicidad penal del presunto delito de usurpación "requiere una cierta permanencia" y sobre todo "el propósito de acceder definitivamente al dominio o titular del disfrute pacífico de la propiedad o de cualquier derecho real sobre bienes inmuebles".
