Cuando por obligación guardas cola en un banco, entidad financiera, porque hacerlo en uno del parque sería como muy estúpido, en la idea de pagar algún impuesto municipal no te preguntas a quién estás pagando, por dónde pasa el dinero, qué acuerdos de gestión existen en torno a él, qué porcentajes, cómo se reparte y qué destino final tendrán esos euros cruelmente separados de ti. Solo pagas porque debes, también por conciencia social, pero sobre todo porque si no lo haces voluntario lo harás embargado con numerosos intereses de demora y sabes que, para esto sí que sí, los sistemas de control son muy eficientes. Te dicen dónde y, obediente, haces la cola sin cuestionarte que el dinero es como el queso, donde lo hay en grandes cantidades inevitablemente rondan ratones.
El SPRyGT. La Diputación Provincial de Cádiz creó en la época de Paco Cabaña un Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, fiscalizado por su Intervención y su Secretaría General, mediante el cual se realiza el cobro de los impuestos a los ciudadanos en aquellos municipios que han querido ubicarse bajo el mismo a cambio de un porcentaje por los trámites, estipulado entre el 4 y el 5 cinco por ciento en el pago conocido como voluntario, y de hasta el 75, algunos el 100 por cien, en los intereses de demora de aquellos impuestos cobrados mediante la vía ejecutiva, que es cuando pasa el periodo voluntario y comienzan a imponerse unos recargos que llegan hasta el 25 por ciento de la base impositiva del impuesto –cada ayuntamiento tiene un convenio en función de su fuerza negociadora, son públicos, aprobados en Pleno, pero poco accesibles-. Por entonces, el socio de gobierno del PSOE era el PA, igual que ahora, en la figura del ex alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, muy entendido en materia tributaria, que propuso la creación de un Organismo Autónomo y que se topó con la negativa de Cabaña porque eso hubiera significado darle al PA una Diputación paralela con el control del caudal económico de los impuestos de toda la provincia al año –Paco no se fiaba ni de esa sombra encorvada que se obstinaba en perseguirle por el pétreo mármol de la casa rosa…-.
Este servicio recauda impuestos como IBI, IAE, vehículos, tasa de Vados y gestiona multas por un montante que supera los 400 millones de euros al año y que, mediante convenio, hoy, desde entonces, es tramitado en exclusiva por La Caixa, entidad que por esta razón fundamental expandió su red de oficinas por la provincia de Cádiz, generó a saber cuántas miles de cartillas de ciudadanos que, ya puestos, abrieron sus cuentas ahí. El 75 por ciento de los ciudadanos paga sus impuestos en periodo voluntario, cantidad que se pretende subir ahora al 90 por ciento, nada fácil, pero que en todo caso genera un tránsito económico seguro anual muy apetecible para todas las entidades bancarias que lo que buscan es liquidez, cobro seguro y generar clientes a quienes tramitar otros pagos y a los que cobrar, poco a poco, gastos, por aquí y por allá. Lo que viene siendo su negocio.
El PP, con la entrada del gobierno de Pepe Loaiza, meditó la creación de este mismo organismo pero al final optó por quedarse como estaba y remodelar el sistema creando uno informático a través de Epicsa, que nunca funcionó como se esperaba, a lo que añadió el hecho de que un ayuntamiento tan importante como Jerez, gobernado entonces por Pelayo, decidiera abandonarles para gestionarse por su cuenta, saltándose al intermediario y provocando una fricción entre Pelayo y Loaiza porque mientras una defendía su interés económico, legítimo, el otro se agarraba a la protección que le ofrecía la institución por no mencionar, claro está, el desplante político entre dos del mismo tono. ¿La razón? Jerez estaba atada por las tomas de razón, su recaudación se destinaba mediante éstas a pagar préstamos a bancos y la basura a Urbaser por el convenio anterior firmado por Pilar Sánchez y, paralelamente, necesitaba de nada menos que 6 millones de euros mensuales para pagar su nómina; como Diputación, a pesar de presiones de muy, muy arriba, dejó de poner de más, Pelayo se salió de este servicio, negoció directamente con La Caixa, rompió con las tomas de razón, dejó de pagar la basura, ayudada también por el pago a proveedores de Montoro, destinó el dinero de los impuestos a pagar su nómina y, acto seguido, despejó de tiendas de campaña la calle Consistorio. Y el SPRyGT perdió Jerez.
Barbate también decidió marcharse en esa misma legislatura, mientras que otros ayuntamientos como Chiclana, Rota o Cádiz se mantuvieron al margen llevando la gestión directa del cobro de sus impuestos. Para entendidos o, cuenta la leyenda, para determinados cuerpos nacionales selectos no es lo mismo tratar este movimiento económico de 20, 30 o 50 millones de euros al año con Diputación que hacerlo directamente con un banco, que como empresa privada suele ser mucho más agradecida en, pongamos, todo, incluida la cesta que manda por Navidad –en algunos casos relojes bonitos, de los caros, iPhones, en otros cenas en Barcelona con entradas posteriores a palcos del Camp Nou; la vida es bella cuando la paga otro…-. Pero ese es otro asunto, aunque a nadie debe escapársele que influir en el manejo de mucho dinero es bastante mejor que no hacerlo.
El negocio mayor está en el trámite de la ejecutiva, que lleva un recargo, impresentable, y que casi en su totalidad se queda en las arcas de la Diputación. De 400 millones al año, 100 pueden ser por vía ejecutiva, de los cuales se puede calcular un recargo de en torno a los 20 millones de euros, o más, en intereses. Al año. Más los intereses de la voluntaria. Un pastizal que no pasa desapercibido para la Diputación, menos para los bancos, que lo saben y que actúan. Tanto BBVA como Santander, sobre todo, se están dirigiendo a los ayuntamientos ofreciéndoles mejores condiciones que las que tienen con el SPRyGT para que, como hizo Jerez, llevarles directamente la recaudación, dinamitar el sistema eliminando al intermediario. Ofrecen tipos de interés inferiores, en torno al 3 por ciento en voluntaria y desde el 25 al 50 por ciento en ejecutiva y los ayuntamientos, asfixiados y necesitados de liquidez, escuchan atentos porque aunque prefieren el amparo de la Diputación ante problemas que podrían surgir y, sobre todo, por la facilidad para negociar esos adelantos tan habituales, que desde luego pagan con interés, lo que quieren es más dinero en su caja. Normal, el capítulo uno, la nómina municipal, es como un mazo mensual que golpea la sien de los alcaldes. Tan, tan, octubre, tan, tan, noviembre, tan, tan, diciembre y premio, paga extra…
El Organismo. Irene García, presidenta, desplegó su manto la mañana del pasado martes ante numerosos alcaldes en la idea de proponerles renegociar los convenios y mejorarles las condiciones actuales en base a las ofertas que están recibiendo, hacerlo con un criterio proporcional para todos y, al tiempo, les avanzó la idea de crear un Organismo Autónomo de gestión, ese mismo que anda rondando la casa desde hace mucho. E intentará que Jerez vuelva, que lo hará si determinados técnicos no se resisten demasiado vía informes y más sin las actuales ataduras de las tomas de razón, Rota, que lo hará porque el alcalde, Javier Ruiz, y Encarna Niño son muy cercanos a ella y en breve, además, pueden necesitar dinero allí, Chiclana, que no lo hará, porque José María Román va por libre, en esto y en todo, lo sabe bien Pedro Sánchez, está muy disgustado porque quería Hacienda y no se lo han dado, Barbate, que tal vez lo haga porque está en las últimas y tiene alcalde de ese mismo PA que en Diputación le suma mayoría, y Cádiz, que es un melón por abrir ya que con Podéis nunca se sabe; hoy no se suben a un barco porque viene de Chile, mañana crean el Dios del Carnaval, pasado van al Ritz, nada menos, a un desayuno de lujo de pan y casta… En fin.
Si García logra controlar el escape y sumar a ayuntamientos tan importantes como Jerez y otros, subirá la cuenta de 400 millones a 500, 600 al año, o más, y, con ello, potenciaría la creación de un organismo con autonomía de funcionamiento, nombrando a un Secretario Interventor de su confianza, con estatutos independientes a los de Diputación; tendría autonomía financiera, objetivo importante pues podría ser un pulmón económico al concretar operaciones de crédito o anticipos sin informes previos. Los grandes contratos como gestión o inspección de multas no pasarían el filtro de la mesa de contratación, muy molesta, podrían contratar un nuevo programa informático privado y, por supuesto, arrebatarle el convenio actual a La Caixa y dárselo a otro banco, azul o rojo, a saber. Podría financiar desde este organismo a todos los municipios y esto es muy importante. Como agencia, podría contratar, como hace la Junta, su personal propio, consolidar puestos de trabajo sin pasar por el área de recursos humanos de la Diputación. Una oficina, en definitiva, un montón de chula.
¿Los bancos? Agazapados cual ratones olisqueando un queso azul que emana fétido aroma, soñando con colas tupidas e ideando hasta sistemas para instalar máquinas cercanas de refrescos y aperitivos salados para que los amables ciudadanos gasten algunas monedas mientras aguardan turno haciendo la cola, que no la ola, de los impuestos. No es nada ilegal, tampoco inmoral, pero todo el mundo sabe que la coca-cola engorda. Y eso es lo único que en este entramado parece que ganará el ciudadano, peso, porque en ningún caso nadie habla de lo esencial: bajar los impuestos y/o eliminar esos indecentes, muy indecentes intereses de demora con los que se castigan a personas que, tal vez, no hallan modo de abandonar otra cola, la de la miseria.
Bomarzo
