El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PP, ha mostrado este jueves su "apoyo absoluto" a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, después de que la Fiscalía haya solicitado su imputación en el llamado 'caso Serrallo' por un supuesto delito de prevaricación urbanística, y ha dicho que pone "la mano en el fuego" por su "honradez".
A preguntas de los periodistas, el portavoz adjunto del equipo de gobierno local, Francisco Ledesma (PP), ha pedido "prudencia" a los grupos municipales sobre este asunto, especialmente al portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, después de que haya advertido este jueves de que exigirá la dimisión de la edil en el caso de que finalmente sea imputada en aplicación del acuerdo que suscribió con el PP y que permitió a este partido acceder a la Alcaldía de la ciudad.
Ledesma ha recordado que lo que existe actualmente es una petición fiscal y que Nieto "no está imputada", al tiempo que ha defendido que, en todo caso, este asunto se deriva de su trabajo diario, en el que "a raíz de unos informes técnicos se ha podido tomar una decisión correcta o incorrecta", pero "jamás" estaría vinculado con la corrupción política.
El portavoz adjunto ha querido hacer público el respaldo "absoluto" del equipo de gobierno a Nieto, afirmando que "es una de las personas más honradas y con una credibilidad personal y profesional demostrada durante muchos años de gobierno" y subrayando que "ha salido totalmente limpia" en cada una de las denuncias que le han sido presentadas.
Así, no ha concretado a preguntas de los periodistas si el alcalde, José Torres Hurtado, daría cumplimiento al acuerdo de regeneración democrática firmado con Ciudadanos antes de ser investido en caso de que Nieto fuera imputada, lo que supondría su cese, porque, según ha dicho, el equipo de gobierno "confía en la honradez" de la edil y no se plantea ese escenario.
La Fiscalía de Granada ha solicitado que Nieto preste declaración como imputada y no como testigo como se acordó en un principio en la causa abierta en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.
El fiscal le atribuye supuestos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística, al considerar que a lo largo de la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente y voluntaria" en las conductas que se están investigando.
Fue la propia Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza, hechos que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El fiscal consideró entonces que no existían datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que "actuó conforme a los informes técnicos favorables".
No obstante, el Ministerio Público sostiene ahora que durante la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente" en las conductas que se detallan en la denuncia, así como "su participación en la operación urbanística que se describe, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos".
