El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, y el edil del área Sociocultural y Servicios, Blas Ruzafa, han presentado este martes las propuestas sociales que se están desarrollando y que se prevén para este ejercicio. El regidor ha explicado que el equipo de gobierno ha situado las políticas sociales como uno de los ejes fundamentales y prioritarios de su acción municipal y que para 2016 se ha incrementado en cerca de un diez por ciento su inversión.
En total, durante 2016 se destinarán más de 6,2 millones de euros a estos fines sociales. El año pasado, el Consistorio invirtió 5,7 millones de euros en gasto social.
El alcalde ha destacado que la modernización de la ciudad, la mejora de los servicios y los nuevos equipamientos puestos en marcha van de la mano de medidas de apoyo social para que los ciudadanos tengan atendidas sus necesidades. Así, se ha referido a la prestación de más de una veintena de servicios de atención social a colectivos vulnerables, bonificaciones fiscales, ayudas a asociaciones y planes de empleo.
A este respecto, el teniente de alcalde del área Sociocultural y Servicios, Blas Ruzafa, ha informado que para las Delegaciones de Bienestar Social, Mayores, Mujer y Salud se han consignado en el presupuesto municipal de este año un total de 3.211.993 euros.
Desde estas delegaciones, en el último año, se han prestado servicios a 9.303 mayores de la localidad; se han dado cita a 4.678 personas en los Servicios Sociales; se han atendido 1.875 consultas de mujeres; se han tramitado 388 expedientes de la Ley de Dependencia y se están prestando servicios de ayuda a domicilio a 175 personas dependientes.
Asimismo, se ha apoyado a 78 familias con hijos menores en situación de dificultad o riesgo social y a un total de 148 niños. También, se han realizado 2.263 controles toxicológicos y 4.230 consultas.
Ruzafa ha indicado que también se han reservado otros 200.000 euros para atender otros gastos sociales, como las pruebas gratuitas puestas en marcha por el Ayuntamiento para la detección precoz del cáncer ginecológico a mujeres de entre 50 y 70 años, de las que ya se han beneficiado 1.037 usuarias, así como para cubrir el servicio de Tele-Asistencia que atiende a 195 mayores del municipio.
También se incluye en esta partida costear el autobús gratuito que traslada a enfermos al Hospital Costa del Sol de Marbella y el abono de los gastos de luz de la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen, que atiende a 152 mayores.
Entre las partidas presupuestarias destinadas al ámbito social, se encuentra una de 223.000 euros para los colectivos sociales que realicen labores de interés para el municipio y otra de 189.165 euros para la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Estepona (Aprona), para cumplir el Programa de Atención Temprana.
En el caso de Aprona, que atiende tanto a niños con problemas con discapacidad como a sus familias, Ruzafa ha informado que el Ayuntamiento asume también los gastos de limpieza y luz de esa entidad.
El Consistorio destina, en 2016, 122.500 euros a un fondo de emergencia social, para atender a aquellos ciudadanos que se encuentren en situaciones límites. Además ha presupuestado otros 100.000 euros para un taller formativo y para arreglar las viviendas de personas que estén en riesgo de exclusión social y subvenciona al Comedor Social, que gestiona la ONG Emaús, con 18.000 euros anuales.
Al mismo tiempo, también sufraga los gastos de agua, luz, gas y teléfono de las instalaciones municipales cedidas a esta entidad para la prestación de este servicio y colabora con ella en la organización de eventos para lograr recursos.
Ruzafa ha subrayado también que, por tercera vez consecutiva, se ha puesto en marcha un plan de empleo con fondos municipales, dotado con una partida presupuestaria de 500.000 euros, ampliable durante el transcurso del año, que dará empleo a unas 200 personas, al tiempo que se han presupuestado otros 150.000 euros para la oficina municipal de fomento de empleo, cuyo objetivo es la incorporación al mercado laboral y la contratación de ciudadanos que se encuentran en paro.
Asimismo, el edil se ha referido a las medidas de apoyo fiscal a quienes tienen menos recursos y ha recordado que el actual equipo de gobierno ha aprobado la exención de la tasa de basura para jubilados --que no superen el 2,5 del importe en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)-- y desempleados de larga duración y la supresión del pago de la plusvalía a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios.
Asimismo, ha continuado explicando otras medidas como la bonificación del 50 por ciento en los precios de los Cursos y Talleres de la Delegación de Cultura a familias numerosas, parados de larga duración, pensionistas que no superen 1,3 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a las personas con minusvalía superior al 33 por ciento.
Además, el Ayuntamiento ha renovado el convenio con la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidralia, para mantener un fondo social dotado con 45.000 euros anuales, para sufragar el coste del recibo de aquellas familias que no pueden hacer frente al pago del mismo. Todas estas medidas suponen un ahorro de cerca de 500.000 euros para estos colectivos y benefician a más de 3.000 personas.
Del mismo modo, el Consistorio colabora con entidades sociales de la localidad: Alzheimer, Asdies, Centro de Día de Mayores, Cáritas, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Plataforma del Voluntariado, Aprona, Fibromialgia, Cruz Roja, entre otras, en las actividades que organizan para recaudar fondos, con bonificaciones fiscales, cediéndoles locales y trabajadores municipales para ayudarlas en su funcionamiento, avalándolas ante otras administraciones y cooperando con el Banco de Alimentos en las campañas de recogida de alimentos que se han llevado a cabo en nuestro municipio.
Por último, el responsable del Área Sociocultural y Servicios ha señalado que a todo lo anteriormente expuesto hay que añadir que el equipo de gobierno incluyó, de forma pionera, una cláusula en los concursos públicos que convoca el Ayuntamiento para que las empresas destinen, como mínimo, el 0,7 por ciento de las cuantías de los contratos a fines sociales.
