El Pleno municipal aprobó ayer el nuevo Plan de Ajuste con los únicos votos favorables del PSOE y Ganemos y la abstención de IU y Ciudadanos, que en los días previos había mostrado su intención de respaldar el documento pero que finalmente no terminó de concretar su apoyo. El PP votó en contra de la propuesta defendida por el Gobierno local. Una Corporación acostumbrada a celebrar sesiones maratonianas liquidó la aprobación del Plan de Ajuste en apenas media hora, en buena medida al estar condicionado el desarrollo del debate por la protesta que en el exterior mantenían, fundamentalmente, los miembros del SIP, que dificultaba la audición de las intervenciones de los diferentes portavoces.
En media hora apenas hubo tiempo material de escuchar las argumentaciones de unos y otros, más aún si se tiene en cuenta que el PP no llegó siquiera a entrar en el fondo del debate al considerar que cualquier acuerdo que fuese adoptado ayer podía ser considerado “nulo de pleno derecho” al no ofrecer la documentación pertinente a todos los grupos políticos en tiempo y forma. De hecho, lo primero que hizo el portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, fue instar a la alcaldesa, Mamen Sánchez, al aplazamiento de la sesión en 24 horas, para de este modo salvar cualquier tipo de problema jurídico. La petición no fue atendida, de modo que el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, pasó a defender un documento cuya aplicación debe implicar un ahorro anual de 24,1 millones de euros a partir del ejercicio 2017.
Según Galván, “a diferencia de otros planes de ajuste”, el aprobado ayer en Pleno es “serio, riguroso y realista”, responsabilizando de la elaboración de este nuevo documento al Gobierno anterior, “que incumplió sistemáticamente su Plan de Ajuste, con una desviación de más del 100 por cien”.
De hecho, el teniente de alcaldesa aprovechó la ocasión para pedir al PP explicaciones por aquellos incumplimientos, que en su opinión “han llevado al Ayuntamiento a estar prácticamente intervenido por el Ministerio de Hacienda”, reprochándole además que llevaran a cabo “un ERE arbitrario e injusto” o una disolución de sociedades municipales que no supuso “ningún ahorro efectivo” para las arcas públicas. “El único objetivo de este Gobierno con esta revisión del Plan de Ajuste es reconducir la situación que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento”, aseveró Galván.
Ganemos apoya un “mal menor”
El portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, únicamente utilizó uno de sus turnos de palabra, siendo además bastante breve en sus argumentaciones. A la agrupación de electores le hubiera “gustado” que el plan “se hubiera negociado de otra manera” y que, además, “se hubiera hecho público”, un “error” que esperan no se repita “cuando vayamos a trabajar en el presupuesto” del presente ejercicio, pendiente todavía de aprobación.
Sánchez lamentó que el Plan de Ajuste sea “fruto de un chantaje por parte de la gente que votó a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución”, así como de “la llamada ley Montoro”, que tiene “secuestrado” al Ayuntamiento. “La troika que está en Madrid lo que viene a decirnos es que hacemos esto o nos quedamos sin dinero”, apostilló el portavoz de Ganemos, una formación que ha presentado iniciativas al documento que “garantiza” que las medidas que van a aplicarse “no van a ser traumáticas”. “Este Plan de Ajuste es el mal menor dentro del secuestro y chantaje en el que estamos”, concluyó.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, entiende que el plan “no es suficiente”, advirtiendo de que “adolece de importantes defectos de forma” y lamentando que, sin ir más lejos, no incorpore el esperado reglamento que regule el abono de productividades al personal municipal. “Nos gustaba la música de este plan, pero no conocíamos la letra, por eso no podemos votar a favor, y menos cuando vemos que el PP, con 11 concejales, está solicitando información. No es normal que un grupo que tiene 11 concejales sobre un total de 27 no tenga la información necesaria para valorar la idoneidad de este plan”, precisó.
El portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, justificó la negativa al documento en su “falta de concreción”. “Cuando se pidió el anticipo de 49 millones de euros ya dijimos que había que sentarse con Hacienda para renegociar el pago de la deuda, porque ese es el mejor ajuste que se podía hacer”, añadió. Ruiz-Berdejo consideró “imprescindible” regular las productividades, pero advirtió de que el documento aprobado en Pleno “no dice cómo se va a hacer, ni bajo qué criterios, porque no todas las productividades son desproporcionadas ni injustas ni arbitrarias”.
Además, al portavoz de IU no le parece “de recibo” que se convoque una mesa de negociación “una semana antes” de la aprobación del plan, como tampoco es “lógico que los informes lleguen justo el día antes del Pleno a las dos y media de la tarde”.
Posibles consecuencias jurídicas
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, advirtió de la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo al considerar que se había vulnerado el derecho a la información de los grupos políticos, un asunto que también podría derivar en una denuncia ante la Fiscalía. El teniente de alcaldesa Santiago Galván había acusado con anterioridad al PP de haber llevado al Pleno sus planes de ajuste “cinco minutos antes” de que comenzaran las sesiones, expresando por otra parte su sorpresa ante la decisión de Ciudadanos e IU de no apoyar el documento.
Entre las medidas que se contemplan en el Plan de Ajuste se encuentra la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales en el cómputo medio anual, lo que supondría un ahorro de 1,5 millones de euros en el pago de horas extraordinarias; así como reducir el complemento de productividad en un 40 por ciento aplicando un Reglamento de productividades. También se prevé una actualización del catastro del IBI rústico así como un aumento del IAE a las grandes empresas que facturan más de un millón de euros al año.
La protesta del SIP terminó con condenas unánimes
La jornada vino marcada por la concentración ante las puertas del Ayuntamiento de algo más de un centenar de trabajadores municipales, pertenecientes fundamentalmente al Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), que no dudaron a la hora de utilizar petardos y bocinas para amplificar el sonido de su protesta.
En algún momento llegaron a explotar petardos a escasos centímetros de los profesionales de la información que cubrían el desarrollo del Pleno, lo que dio origen a una condena unánime de los hechos por parte de la Asociación de la Prensa de Jerez, el Colegio Oficial de Periodistas de Andalucía y los grupos políticos.
En este último caso, la condena se hizo extensible a los actos violentos que han tenido lugar estos últimos días como consecuencia del proceso de negociación del Plan de Ajuste con los representantes de los trabajadores municipales.
E
l Pleno mostró de este modo su solidaridad y apoyo a las personas que han sido víctimas de estos hechos, al considerar “que se está atentando contra el propio sistema de libertades y derechos” que consagra la Constitución.
Los grupos políticos apoyaron por unanimidad una iniciativa del PSOE a la que dio lectura su portavoz, Isabel Armario, que además demandaba el cese “de forma inmediata, de la ola de amenazas, injurias e insultos que se están produciendo contra concejales del Gobierno y técnicos municipales, así como los ataques machistas contra representantes sindicales”.
Asimismo, el Pleno condenó de forma enérgica “las coacciones y ataques” que recibieron “periodistas de Onda Jerez y Radio Jerez en el ejercicio de su labor durante el Pleno extraordinario, en lo que se considera una falta de respeto a la profesión periodística, los medios de comunicación y los jerezanos en general”.
En este sentido, los grupos políticos presentes en la Corporación municipal solicitaron “respeto para los profesionales” de la comunicación, recordando “el importante papel que ejerce el periodismo en la defensa de las libertades y la democracia”.
