La Fiscalía ha formalizado su rechazo a la alegación presentada por la defensa del padre Román, el único procesado por supuesto abuso sexual a un menor en el conocido como caso "Romanones", y se ha opuesto a la nulidad del expediente canónico presentado.
El escrito del fiscal encargado de la causa, Francisco Hernández, al que ha tenido acceso Efe, ha considerado que en la fase procesal de este tipo de procedimiento, por sumario ordinario, no es admisible una petición de nulidad de prueba y "su exclusión de la causa" y ha apuntado que la nulidad supondría una "vulneración del principio de legalidad procesal".
El Ministerio Público ha respondido al plazo otorgado por la Audiencia de Granada para analizar las alegaciones presentadas por las partes y se reafirma así en su criterio inicial con el objetivo de que el expediente canónico siga formando parte de las pruebas del proceso para dotarlo de las mayores garantías.
La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los supuestos abusos, ya expresó en un escrito que la solicitud formulada por la defensa es "cuando menos irregular" desde el plano procesal, y apuntó que la petición se podría debatir en juicio como una cuestión previa.
La Asociación Prodeni, que ejerce la acusación popular, también se opuso a las pretensiones de la defensa y consideró que "no ha lugar" a lo solicitado "por cuestiones de forma", y que no se puede plantear la ilegalidad de la prueba sumarial o de un conjunto de actuaciones instructoras.
Por su parte, el Arzobispado de Granada, responsable civil subsidiario en esta causa, apuntó que la defensa plantea la existencia de "argumentaciones razonables", todavía no expuestas, que podrían justificar su pretensión de declarar la nulidad de un elemento probatorio "que, sin duda, habrá de tener un importante peso a lo largo del juicio".
Antes del pronunciamiento de la Fiscalía, el abogado de la defensa, Javier Muriel, consideró que mantener el expediente canónigo era jugar "con cartas marcadas" y recalcó que en él "no existe ni el más mínimo indicio inculpatorio", tras lo que pidió que se fijara audiencia para cuestiones previas para incorporar el expediente canónico "como pieza reservada".
En los escritos provisionales, la defensa del acusado solicitó su libre absolución y que el denunciante pagara las costas procesales.
La Fiscalía interesó para el padre Román nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, una pena que la acusación particular elevó a 26 años de prisión y la popular a 15 años de cárcel.
El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.
