Los estibadores y la patronal Anesco celebrarán el próximo martes una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo en el marco de la negociación colectiva, la primera después de la aprobación, el pasado viernes, por el Consejo de Ministros del real decreto-ley sobre la reforma del sector.
No obstante, la aprobación de la reforma de la estiba, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), no se hará efectiva hasta su convalidación en el Congreso en un plazo máximo de un mes.
Será el tercer encuentro entre estibadores y patronal en el marco de la negociación colectiva -para abordar cuestiones como la subrogación, la formación o la organización del trabajo- bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, nombrado por el Ministerio de Empleo.
Sobre la negociación planea, además, la sombra de las nueve jornadas de paros parciales convocadas por los sindicatos -Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), UGT, CCOO, CIG y CGT- a partir del próximo 6 de marzo.
En la última reunión entre los estibadores y la patronal, que tuvo lugar el pasado miércoles, la patronal Anesco transmitió a los sindicatos sus "serias dudas" sobre el número de trabajadores que podrán subrogar las empresas y pidió tiempo para poder hacer un análisis puerto por puerto.
Los estibadores consideran "esencial" un compromiso de subrogación de los trabajadores que actualmente vienen desarrollando esta actividad con contrato indefinido, y esperan que, en el próximo encuentro, la patronal podrá cuantificar el número de estibadores a los que se podrá garantizar el empleo.
Las organizaciones sindicales están convencidas de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal, y confían en que sea posible introducir modificaciones al texto del real decreto-ley durante su tramitación parlamentaria vía enmiendas.
Sin embargo, desde el Ministerio de Fomento aclaran que, si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la Comisión Europea (CE), con lo que no sólo no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios sino que además no se detendría el proceso.
Fomento asegura que el real decreto-ley aprobado el viernes se ajusta estrictamente a la sentencia europea, que exige liberar el sector -el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores- y establece la máxima flexibilidad para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas a través de una negociación colectiva para la que hay un plazo de un año.
