El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha dictado un auto por el que se anuncia la finalización de la instrucción de la llamada 'operación Tequila', que provocó la detención en marzo de 2011 de técnicos y responsables políticos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, entre ellos el exalcalde Hernán Díaz (Independientes Portuenses --IP--) por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según ha explicado Ecologistas en Acción en una nota, el juez ordena el traslado de las diligencias previas al fiscal y a las acusaciones particulares personadas, entre las que se encuentra Ecologistas, para que efectúen los escritos de acusación que permitan la apertura del juicio oral.
Asimismo, ha recordado que el caso tiene su origen en la "macrodenuncia" que presentó Ecologistas en Acción en octubre de 2006 ante la Fiscalía provincial en la que se "ponían en evidencia las tramas de corrupción del gobierno de IP, que gobernaba en coalición con el PSOE".
En este sentido, ha señalado que esa denuncia dio lugar a varias causas judiciales, "una de ellas las relacionadas con obras ilegales de ampliación del prostíbulo 'OH! Puerto' y de construcción de numerosas viviendas".
Ecologistas en Acción ha indicado que "según se desprende de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y el Juzgado, en el área de Urbanismo se había constituido una trama organizada corrupta para intentar amparar estas construcciones ilegales".
En este sentido, ha afirmado que según consta en el auto del magistrado, "de la investigación de la policía judicial realizada se deducen indicios de los referidos investigados en relación con licencias de obras concedidas de forma ilegal por el Ayuntamiento del Puerto de para la construcción del establecimiento 'OH Puerto' y la concesión de la posterior licencia de apertura del mismo".
Así, según el auto, "se considera que las licencias concedidas por el alcalde Hernán Díaz, en las cuales intervinieron el teniente alcalde y delegado de urbanismo Juan Carlos Rodríguez Álvarez y el arquitecto jefe del servicio de licencias, podría infringir el artículo 53 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tal y como determina el informe de la policía judicial".
Además, señala que "de la referida investigación también se deduce la existencia de la misma trama organizada para amparar construcciones ilegales en Pago Rompeserones, Pago de la Caridad y zona Los Perales".
Según ha indicado Ecologistas en Acción, "el auto asegura que en cuanto a la intervención de los investigados, Hernán Díaz era el alcalde que concedió sendas licencias urbanísticas a sabiendas que no respondían a la legalidad urbanística vigente", mientras que "el teniente alcalde delegado de Urbanismo concedía las licencias a sabiendas de la falta de legalidad".
Finalmente, Ecologistas en Acción ha mostrado su "satisfacción porque esta instrucción, que lleva ya más de una década de investigación, llegue a su fin y se pueda celebrar el juicio contra los responsables de esta trama corrupta".
