La Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, dentro de las actuaciones que viene desarrollando contra el juego ilegal, ha intervenido en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en Estepona (Málaga) un total de 30.000 cupones.
Esta organización estaba dirigida por un matrimonio y su hija y contaba con 16 vendedores, según ha indicado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien ha explicado en rueda de prensa que esta intervención es fruto de las investigaciones desarrolladas desde principios del año pasado destinadas al control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para rifas con premio en metálico sin autorización administrativa.
El pasado 31 de marzo, provistos de la correspondiente autorización judicial, agentes de la Unidad adscrita procedieron al registro de la sede de la OID en Estepona, con la finalidad de proceder a la intervención de todo el material en relación con la actividad ilegal del juego.
Los agentes intervinieron, además de los boletos que tienen un valor facial de 60.000 euros, documentación de contabilidad y bancaria relacionada con la distribución y venta de lotería.
En 2016 la Unidad de Policía adscrita la Junta intervino en la provincia malagueña 178.165 boletos de loterías fraudulentas, el 58 por ciento de los 305.424 confiscados en toda Andalucía.
Asimismo, el cuerpo de Policía adscrito a la Junta de Andalucía llevó a cabo un total de 342 inspecciones el pasado año en la provincia de Málaga para atajar las prácticas de juego ilegal en sus diferentes modalidades. Como consecuencia de estas inspecciones se levantaron un total de 555 actas de denuncia.
La Unidad de Policía adscrita realizó 1.035 inspecciones en máquinas recreativas, instruyó 59 denuncias, precintó 80 de ellas y decomisó 95. Por otro lado, los agentes decomisaron en sus actuaciones 7.784 euros procedentes de estas prácticas ilegales.
Las actas policiales de la intervención e incautación de la operación, una vez analizadas y estudiadas, podrán dar lugar en su caso a las actuaciones judiciales que se detecten por los presuntos delitos correspondientes, así como a las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Servicio de Juego de la Delegación del Gobierno, ya que suponen una infracción muy grave a la Ley de Juego de la Comunidad Autónoma, tipificada como "la organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas sin poseer ninguna de las autorizaciones administrativas...".
La sanción prevista oscila entre los 10.001 euros y los 300.000 euros, no pudiendo ser inferior al quíntuple de la cantidad defraudada cuando se aprecie fraude.
Además, el delegado del Gobierno ha recordado que estos sorteos "no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes, lo que aumenta el beneficio que los organizadores obtienen por su celebración". Por tanto, esta actividad "ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias".
