La Fiscalía de Córdoba indica que, al igual que ocurrió en el año 2015, la mayoría de los procedimientos incoados contra los derechos de los trabajadores extranjeros en 2016 lo ha sido por contratación de empleados en el sector de la hostelería, teniendo "especial incidencia" la contratación de trabajadores pakistaníes en locales donde se cocinan 'kebab', y que "no se hallaban dados de alta en la Seguridad Social y en algunos de los casos no tenía autorización de trabajo".
Así lo expone el Ministerio Público en su memoria anual de 2016, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se apunta que "no se ha llegado a acreditar en la mayoría de los supuestos --sobre el trabajo en dichos locales-- la contratación en condiciones perjudiciales o restrictivas de los derechos que le son legal o convencionalmente reconocidos".
Igualmente, detalla que "se trataba de empresas con menos de cinco trabajadores, en algunos casos, y en todo caso no más de diez", por lo que "tampoco resultó aplicable el tipo penal del artículo 311 introducido por la Ley Orgánica 7/2012, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y contra la Seguridad Social".
En relación a los derechos de los ciudadanos extranjeros, la Fiscalía destaca en este apartado "la especial incidencia" que respecto a este delito ha tenido la nueva redacción introducida con la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, "especialmente en materia de matrimonios o uniones de hecho llevadas a cabo a cambio de precio con la única finalidad de obtener el permiso de residencia".
En este sentido, señala que "tras la reforma resulta más fácil de probar la existencia del delito, aunque sigue siendo difícil de probar la ausencia del 'afectio maritatis' sin embargo la mediación económica resulta reveladora de la falta del mismo".
Sobre el Registro Civil, se observa "una leve disminución del número de expedientes previos a la celebración de matrimonios mixtos que se han promovido", a la vez que apunta a "la presunta finalidad perseguida con estos matrimonios de eludir las normas relativas a la entrada y la residencia de nacionales de terceros países y obtener, para el nacional de un tercer país, un permiso o autorización de residencia a través de la cual y mediante la reducción del plazo se pueda acceder a la nacionalidad española".
Al hilo de ello, la Fiscalía precisa que "ante la posibilidad de que la finalidad defraudatoria sea detectada en el expediente previo a su celebración, se opta por la opción más segura de proceder a la inscripción de la unión de hecho, para lo que no se necesita la tramitación de expediente previo con intervención del Ministerio Fiscal".
Además, insiste en "la necesidad de abordar una reforma que permita controlar si a través de la unión de hecho se ha pretendido la referida finalidad fraudulenta". Asimismo, se ha continuado durante el año 2016 con la interposición de las correspondientes demandas civiles de nulidad respecto de los matrimonios en los que se ha detectado 'a posteriori' la finalidad defraudatoria.
SINIESTRALIDAD LABORAL
En cuanto a la siniestralidad laboral, la Fiscalía Provincial de Córdoba ofrece una secuencia de datos estadísticos "muy similares" a los ofrecidos en 2015, año el que se incoaron 584 diligencias previas por delitos relacionados con la siniestralidad laborar, por 694 en 2016.
Explica la fiscal delegada de la sección de Siniestralidad Laboral, María de los Ángeles Rojas, que "si bien se ha producido un aumento de las diligencias previas incoadas en 2016 por delito de lesiones, ha disminuido en el número de fallecimientos como consecuencia de la actividad laboral por los que se siguen diligencias penales en esta sección de la Fiscalía" --cuatro en el año 2015 y tres en el año 2016--.
También, se ha reducido el número de diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público en 2016 --71, por 85 en 2015--, dato que "demuestra el menor número de lesiones graves ocasionadas por un accidente laboral", puesto que "siempre se incoan diligencias de investigación cuando el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales notifica a Fiscalía un accidente laboral con lesiones graves del trabajador".
Y respecto a los escritos de acusación, fueron siete en 2016, frente a los cuatro de 2015; habiéndose dictado diez sentencias por los Juzgados de lo Penal, frente a las once del año 2015. De estas diez sentencias, ocho fueron condenatorias y dos absolutorias.
