Macarena García, una mujer sevillana “superviviente” de la violencia machista y miembro de la Fundación Ana Bella quiso marcar anoche la diferencia en el programa A Debate de Ondaluz Sevilla TV afirmando que “no es lo mismo una mujer maltratada sin hijos, que una mujer maltratada con hijos menores o una mujer maltratada con hijos mayores de edad. No es lo mismo”. Pero los protocolos se aplican a todas por igual, según denunció ante la presencia de la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda, reconociendo que “los protocolos están bien, tienen que seguir sus pasos” pero advirtiendo que “no somos números”.
“Somos mujeres que en esos momentos no estamos bien, tenemos una carga impresionante porque tenemos que seguir protegiendo a nuestros hijos, tenemos que escuchar lo que nos viene de la parte que hemos denunciado, tenemos que ir a juzgados, a abogados, a forenses, a muchísimas cosas y yo creo que esos protocolos nos atienden a todas por igual. Y cada una somos distintas, cada una hemos sufrido una serie de cosas distintas, cada una tenemos unas necesidades distintas”.
Además, Macarena García criticó que “una paga de 426 euros mensuales durante 3 años no rive para nada, preferimos mil veces que nos den una formación y un trabajo; y esos 426 euros los empleen en esa formación y en incentivos a las empresas para que nos contraten”.
Por su parte, Ángeles Sepúlveda reconoció que “falla la aplicación de los protocolos porque es una conducta de mínimos. Tenemos una hoja de ruta a través del protocolo pero desde la formación multidisciplinar y transversal es desde donde vamos a saber aplicar los protocolos”. Y en ese aspecto y en la mejor adecuación a la normativa europea es donde, según dijo, se va fundamentar la próxima reforma de la ley andaluza en esta materia.
Al hilo de eso, la profesora de Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide, María del Carmen Monreal, incidió en esa necesidad de formación específica en violencia, no sólo entre los profesionales de toda la red de atención a las víctimas (sanitarios, trabajadores sociales, agentes de las fuerzas de seguridad, abogados, etc), sino también en la educación desde las etapas más temprana porque se ha demostrado que “es un problema de creencias”.
Desde el ámbito jurídico, el abogado José Manuel Carrión reivindicó la dotación presupuestaria necesaria para mejorar estructuralmente la administración de justicia, así como una serie de reformas legislativas urgentes como es la prohibición del régimen de visita a los maltratadores. En su opinión, “un hombre maltratador no quiere a sus hijos” y por tanto “no tiene la posibilidad de ver a sus hijos”.
