El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras por el presunto trato de favor otorgado a la edil del PA Isabel Calvente en un asunto de naturaleza urbanística, lo que constituiría un delito de prevaricación administrativa. Ha acudido acompañado por varios de sus concejales, entre ellos Calvente.
El grupo municipal socialista puso en conocimiento de la fiscalía de área de Algeciras el en septiembre de 2016 el presunto incumplimiento de la legalidad por parte del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, al “no hacer ejecutar su propia resolución sobre el derribo de la obra ilegal efectuada en la vivienda de la edil andalucista Isabel Calvente Márquez, así como la imposición de las sanciones correspondientes. Dicha resolución fue adoptada hace más de dos año y medio y a día de hoy continúa sin ejecutarse en su totalidad”.
“Tras esta denuncia, Romero y su equipo de gobierno anunciaron a bombo y platillo la ejecución del derribo de dicha obra, presumieron de su supuesto cumplimiento escrupuloso de la legalidad y arremetieron contra el PSOE, insultando a los socialistas, pero, engañando una vez más a la opinión pública y a la ciudadanía de Los Barrios, la realidad es que la demolición no se completó y ni siquiera se impusieron las sanciones correspondientes, de manera que los socialistas nos vimos obligados de nuevo a poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente”, explican desde el principal partido de la oposición.
“Desde el grupo municipal del PSOE esperamos que la justicia aclare estos hechos cuanto antes y, si se demuestra que ha habido un delito de prevaricación, adopte las medidas pertinentes, juzgue al culpable o culpables e imponga la pena o penas que correspondan. Lo que no se puede permitir es que el señor Romero se salte la ley a la torera cada vez que le viene en gana y se ría de la ciudadanía en su cara. Todos estamos obligados a cumplir con la ley y los concejales del PA también”, afirman los socialistas.
La concejal andalucista fue denunciada por la Policía Local el 16 de septiembre de 2014 con motivo de una infracción de las ordenanzas fiscales y la legislación vigente en materia de disciplina urbanística, por levantar en el patio delantero de su vivienda una estructura de pérgolas de madera con cubierta, sin solicitar la correspondiente licencia.
Posteriormente, y a raíz de dicha denuncia, el arquitecto municipal emitió un informe, firmado el 7 de noviembre de 2014, en el que ratifica otro informe anterior redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo y en el que deja claro que la construcción llevada a cabo en el porche del domicilio de la edil andalucista no cumplía con las ordenanzas. Lo que motiva una propuesta de resolución del jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, de fecha 11 de noviembre de 2014, en la que se considera como no legalizable la obra. Propuesta que es asumida en su totalidad por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, mediante un decreto que firma dos días más tarde, ordenando la demolición inmediata de la misma, aunque otorgando audiencia a la afectada para que pudiera presentar las alegaciones que estimara oportunas.
El 27 de noviembre de 2014 Calvente presentó escrito a través de la ventanilla única del Consistorio barreño solicitando una ampliación del plazo que le había sido otorgado para entregar la documentación que estaba recabando con objeto de justificar la realización de la mencionada obra en su vivienda. Junto a dicho escrito, la edil del PA también aportó a través de ventanilla única copia de un acta de subsanación referida a la titularidad de la propiedad de la casa que comparte con su cónyuge y que, según declara, pertenece a este, para que en lo sucesivo le sean notificados al marido y no a ella todos los trámites relacionados con la ilegalidad urbanística cometida. Extremo este que, además, pide al Ayuntamiento el propio esposo de la concejal andalucista mediante instancia que entrega el 4 de diciembre de 2014.
En marzo de 2015, unos meses después de que el alcalde firmara su decreto ordenando la demolición de lo construido, el cónyuge de la concejal andalucista es el que se dirige de nuevo al Ayuntamiento, esta vez para presentar el proyecto de la obra visado por un arquitecto colegiado, a fin de intentar obtener su legalización, a pesar de que la actuación llevada a cabo en la vivienda, según los responsables municipales de Urbanismo, no es legalizable. Tan es así, que el 27 de abril de 2015, y una vez vistos los informes desfavorables de los técnicos, la Junta de Gobierno Local, presidida por Jorge Romero, se ve obligada a denegar el correspondiente permiso para el mantenimiento del porche techado en el patio delantero de la casa de la concejal.
Finalmente, el 20 de mayo de 2015, el alcalde firma un nuevo decreto, a propuesta del Jefe del Servicio de Urbanismo, en el que se ordena “la reposición de la realidad física alterada”, en un plazo no superior a dos meses, y se advierte de la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento. Es decir, se insta a la eliminación, por cuenta del interesado, de aquella parte de la obra llevada a cabo que incumple con la normativa urbanística actualmente en vigor. Cosa que, aunque se anunció y vendió a través de los medios tanto por Romero como por su equipo de gobierno a primeros de de 2017, parece que, a día de hoy, un año después, todavía no se ha hecho como se debiera.
