El consejo de administración de Mercasevilla, participada en un 51,4 % por el Ayuntamiento y en un 48,4 % por la empresa estatal Mercasa, aprobó por unanimidad una propuesta de convenio de acreedores para evitar la liquidación del mercado de mayoristas tras alcanzar ambos socios un acuerdo.
El plazo habilitado por el Juzgado de lo Mercantil número dos para que Mercasevilla formalice un convenio con sus acreedores vence el 3 de mayo y, para evitar la liquidación, el consejo de administración de la empresa ha votado y aprobado por unanimidad la propuesta convenio de acreedores, con una quita del diez por ciento, y los planes de pago y de viabilidad asociados a tal extremo.
La aprobación ha sido posible al alcanzar Mercasevilla y Mercasa un acuerdo respecto al contenido concreto de los textos, pactando ambas partes que en el documento suscrito que se remitirá al Juzgado figure el Ayuntamiento como “compromitente” y Mercasa como accionista que respalda el convenio.
“El gobierno tiene un objetivo claro y un mandato del pleno: garantizar la continuidad de este servicio público y resolver cuantas cuestiones sean necesarias para lograrlo”, ha defendido la edil socialista Carmen Castreño, presidenta de Mercasevilla. La sociedad estatal Mercasa, de su lado, ha defendido que con el acuerdo alcanzado “se garantiza la viabilidad de la sociedad y se allana el camino hacia la concreción de soluciones de futuro para Mercasevilla”, defendiendo su “compromiso financiero y estratégico para convertir a Mercasevilla en la mejor Merca del siglo XXI” y su “confianza en seguir compartiendo este objetivo”.
Además, el concejal del PP Alberto Díaz, consejero en Mercasevilla, ha defendido que su partido ha posibilitado la “mediación” de la que deriva el acuerdo. “La posición y el papel del PP ha sido esencial para la solución de la situación por la que pasa Mercasevilla, porque siempre hemos defendido la permanencia en la compañía de Mercasa y carácter indefinido de Mercasevilla”, ha dicho Díaz. Así, ha destacado el “papel” jugado por el PP, porque el Gobierno local socialista ha actuado con una “política de hechos consumados, presentando propuestas sin consensuar”.
