El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha aclarado este jueves en el Parlamento andaluz que el Ayuntamiento de Córdoba es el que debe determinar si la actividad de la cementera de la empresa Cosmos "es compatible con el planeamiento urbanístico de la ciudad", dado que la Junta "en ningún caso va a invadir las competencias municipales".
Así lo ha subrayado el consejero a preguntas del parlamentario andaluces del PP cordobés Adolfo Molina, quien ha cuestionado sobre las medidas para asegurar el cumplimiento del informe de viabilidad de la cementera Cosmos en la capital.
En este sentido, Fiscal ha apuntado que "la Consejería se encarga del control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y, con carácter general, del cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación en esta industria".
De este modo, ha explicado que, a instancias de la Gerencia de Urbanismo, la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Córdoba ha emitido un informe, en el que se especifica que "es el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el que establece que la administración local es la competente para incluir una industria dentro de una determinada categoría industrial, sin que pueda afirmarse sin más que exista una relación directa entre la peligrosidad de las instalaciones y la potencial contaminación generada por las mismas".
Cabe destacar que este documento "no se realiza en el marco de un procedimiento ambiental o urbanístico tramitado por la Consejería, sino en el ámbito de las relaciones de colaboración entre administraciones públicas", ha agregado el consejero, quien ha remarcado que "no se trata de un informe de viabilidad, sino de una respuesta no preceptiva a una consulta de la Gerencia Municipal de Urbanismo".
Al respecto, ha indicado que "mientras la empresa siga cumpliendo con las condiciones de la autorización, la Junta solo tiene que vigilar para que esto sea así y punto", pero "si el Ayuntamiento entiende que esa no es la zona donde una empresa de este tipo debe instalarse es una competencia exclusiva municipal, en la que la Junta no entra", ha abundado.
Por tanto, Fiscal ha precisado que "si el Consistorio entiende que en el ordenamiento de la ciudad hay otro sitio mas idóneo para la industria y emite un informe de incompatibilidad urbanística de la actuación con la actividad, se actuará", si bien "mientras tanto se vigila y se da tranquilidad, porque no hay motivos para otra cosa", ha declarado el consejero.
DAR "TRANQUILIDAD"
Por su parte, Adolfo Molina ha recordado que "hace poco se ha conocido el último informe de la Junta, donde han dejado claro que esta industria tiene en vigor la Autorización Ambiental Integrada (AAI) desde 2007", después de que "hubiera un informe del Ayuntamiento en 2006, gobernado por IU, que era favorable con el informe de compatibilidad urbanística".
Además, ha resaltado que "la técnica de valorización de residuos está avalada por la Unión Europea (UE) con los controles por la Junta de Andalucía", a lo que ha añadido que "el Gobierno regional es, en última instancia, el que debería aprobar si hay modificación urbanística sobre la que se habla en el Ayuntamiento, que no se sabe si seguirá adelante".
Ante ello, ha preguntado por las medidas que piensa adoptar la Junta con "los informes favorables que hay de la Consejería para que la industria pueda seguir con su actividad en la ubicación que se encuentra".
No obstante, al popular le gustaría que se diera "tranquilidad a más de 80 empleados que están en Cosmos, con familias que necesitan ver la certidumbre", pero considera que "con lo que se vive entre la Junta y el Ayuntamiento" con los informes "no se da" dicha "certidumbre".
Así, espera que "algún día se zanje esta cuestión y al final los trabajadores puedan seguir con su actividad en la zona", aunque cree que "habrá responsabilidad, porque si hay modificaciones urbanísticas, la Junta también tendrá que decir algo", a lo que ha apostillado que "las relaciones fluidas parecen más una guerra en un gobierno local que pone la ideología por encima de los puestos de trabajo".
