La empresa que ha venido explotando desde 2013 el complejo Piscinas Jerez adeuda más de 234.000 euros al Ayuntamiento por impagos del canon, el IBI y el suministro eléctrico. A esa cantidad debe sumarse el importe de los desperfectos provocados en algunas instalaciones, valorados por los servicios técnicos municipales en 34.137 euros, así como una indemnización de 6.400 euros por la renuncia anticipada al periodo que resta de concesión. La suma reclamada por el Ayuntamiento asciende por tanto a 275.114 euros.
Todos estos conceptos se recogen en el expediente de extinción de la concesión administrativa otorgada a la empresa en 2013 aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local. Ese expediente responde al escrito presentado el pasado mes de noviembre en la Delegación de Urbanismo por el concesionario, que expresaba su deseo de renunciar a la concesión “por razones de inviabilidad de la misma”.
En el expediente aprobado en Junta de Gobierno se detalla el estado de los bienes revertibles, incluyendo “equipamiento inservible” como consecuencia de una “indebida manipulación”. La valoración de los desperfectos asciende a 34.137,42 euros.
También se adjunta un informe del Servicio de Patrimonio en el que se constata que el concesionario no ha abonado el canon correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, imputándosele también el del presente ejercicio. Por este concepto se adeudan 33.719,66 euros “más intereses de demora”. De igual modo se reclama el IBI del periodo comprendido entre 2015 y 2018, que asciende a 41.967,96 euros.
Además, y “al estar el contador” de la luz “a nombre del Ayuntamiento de Jerez, debe repercutir el importe de las facturas desde el 15 de julio de 2013, no habiéndolo hecho hasta el momento, siendo el importe facturado hasta noviembre de 2017 de 158.889,10 euros”. Por tanto, “el total de la deuda pendiente correspondiente al canon, al IBI y al consumo de luz asciende a la cantidad de 234.576,72 euros”. En el expediente se fija también el pago de una indemnización al Ayuntamiento de 6.400 euros “por los perjuicios derivados de la renuncia del concesionario antes de la finalización del plazo de concesión, fijado el 15 de julio de 2019”.
La Junta de Gobierno Local ha otorgado un plazo de 15 días al concesionario para que presente sus alegaciones.
