Crece presión para echar a Venezuela de la OEA

Los 14 países del Grupo de Lima y Estados Unidos impulsaron hoy una resolución para iniciar el proceso destinado suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), un argumento que Caracas tacha de "ridiculez" porque ya está casi fuera del organismo por voluntad propia.

Venezuela protagonizó el primer día de la Asamblea General, el foro político más importante de la OEA, que se celebra entre hoy y mañana en su sede en Washington.

Dicha Asamblea aprobó hoy incluir en su agenda la "situación en Venezuela", mientras que, entre bambalinas, Estados Unidos y los países del Grupo de Lima consensuaron un proyecto de resolución que recoge un párrafo para iniciar el proceso de suspensión.

La resolución, cuyo texto se hizo hoy público, rechaza las elecciones del 20 de mayo, en las que fue reelegido como presidente Nicolás Maduro, y abre la puerta para convocar una Asamblea General extraordinaria en la que se votaría la suspensión de Venezuela, lo que podría dilatarse en el tiempo.

En esa sesión extraordinaria se necesitarían los votos de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (aunque Cuba no participa desde 1962) para dar luz verde a la medida, después de la aprobación de la resolución.

Dos fuentes diplomáticas dijeron a Efe que los impulsores de la iniciativa ya tienen el respaldo de 18 Estados para aprobar la resolución, a falta de alcanzar los 24.

Según precisaron a Efe otras fuentes diplomáticas, los 18 países que apoyan la resolución son Jamaica, Bahamas y Barbados, además de los ya confirmados, es decir, EE.UU. y los 14 miembros del Grupo de Lima.

De hecho, esa resolución fue presentada formalmente por Estados Unidos y seis integrantes del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú).

Su aprobación serviría para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Maduro y, dependiendo de su alcance, podría llevar a cambios en las relaciones diplomáticas, imposición de sanciones y restricción de visados.

"Si se logra aprobar la resolución se abriría una nueva etapa con medidas que podrían ser de carácter diplomático y medidas económico financieras", detalló en una rueda de prensa Roberto Ampuero, el ministro de Exteriores de Chile, uno de los países más críticos con el Ejecutivo de Maduro.

Antes de Chile, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, exigió durante su intervención ante la Asamblea General la imposición de sanciones y urgió al resto de países de la OEA a suspender a Venezuela para "respaldar sus palabras con acciones" y enviar un "mensaje" sobre democracia al Gabinete venezolano.

Venezuela solicitó dejar la OEA en abril de 2017, aunque su salida no se hará efectiva hasta 2019. No obstante, su suspensión tendría un gran contenido simbólico.

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se burló de la iniciativa y la tachó de "ridiculez".

"Estamos contando los días para retirarnos de esta organización", aseguró el canciller ante la Asamblea General.

Posteriormente, convocó una rueda de prensa en la que describió la situación de Venezuela como un "preaviso", similar al de cualquier empleado que alerta a su jefe de que va a abandonar la empresa.

"Nos retiramos. Nos vamos. Esas pretensiones, que si expulsión o suspensión, por favor... Nosotros ya nos fuimos", declaró Arreaza al recordar que esta será la última Asamblea General en la que participará su país.

El canciller fue especialmente beligerante con la delegación de EE.UU., en concreto con Pompeo, de quien dijo no querer referirse a él como "el dueño del circo", pero al menos sí como "el director ejecutivo de la corporación de países" que constituye la OEA.

Arreaza manifestó su oposición a que se aprobara en la agenda de la Asamblea "la situación de Venezuela" sin consentimiento del propio Gobierno de Caracas, y denunció que un "asunto interno" se convirtiera en el tema central del foro interamericano.

Este martes se debatirá en la Asamblea la resolución sobre Venezuela, así como una declaración "de apoyo al pueblo nicaragüense" presentada por EE.UU. y Nicaragua ante las presiones de la sociedad civil por la violencia desatada contra las manifestaciones convocadas contra el Gobierno en ese país centroamericano desde el 18 de abril en las que han muerto un centenar de personas.