El equipo de Gobierno va a reunirse con la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (Aecca) y va con el mejor de los “ánimos”, según dijo el teniente alcalde de Contratación, David Navarro, quien concretó que “ no hemos dejado de tener relación ni con los concesionarios de los chiringuitos, ni con la Junta”. El objetivo es “llegar a una conclusión lo más ventajosa posible para todas las partes, sin vulnerar ni acuerdos ni legislación vigente”.
El ánimo siempre es el mejor, insistía a la vez que concretaba que buscan “llegar a un entendimiento que beneficie a la ciudad”. No duda que se pueda llegar a un acuerdo por “equilibrar el consenso entre todas las partes”, aunque admitió que era “complejo”.
En esta disyuntiva los empresarios tienen que amortizar su inversión durante el tiempo de la concesión, y el Ayuntamiento “debe velar por todo lo que ocurra en su ámbito”. De ahí que el Gobierno local se tenga que atener “a las competencias y a la legislación”.
Navarro declaró que “no se puede traspasar la línea roja jurídica ni vulnerar los derechos de los que se pudieron quedar en las puertas del concurso. Por lo que el entendimiento es necesario”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, valoraba el escrito remitido por el Ayuntamiento a la Junta en relación a la transmisión de los chiringuitos. “Se recogen punto por punto las alegaciones que nosotros incorporamos a nuestro escrito de 1 de febrero. Si Cs no llega a mandar el escrito poniendo de manifiesto que se estaba haciendo una tropelía, el Gobierno local hubiera transigido y perdido sus derechos a favor de determinados empresarios y perjudicando el interés general”.
Como oposición, “nuestra labor ha sido fundamental”. Pérez Dorao declaró que a lo largo de este tiempo “nos hemos reunido con los concesionarios. Saben nuestra postura, saben que respetamos la suya como industriales, pero si se consuma la posición de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz tendrá un perjuicio económico de gran envergadura”. A juicio de Ciudadanos quien será el “responsable directo” de esta situación será el alcalde, José María González, que firmó el decreto, “que iba sin informe y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Es un asunto de mucha gravedad”.
En el escrito remitido por el Ayuntamiento a la Junta seguían dando por no válida la transmisión de las concesiones para la explotación de los chiringuitos, puesto que consideran que no se ha cumplido con el procedimiento, mientras que la Junta de Andalucía da por finalizado el proceso. Atendiendo al Plan General, también se pone cota a la ocupación de estas instalaciones en la playa.
