La Fiscalía Anticorrupción de Málaga acusa a 51 personas en el caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción urbanística y política en la localidad malagueña de Estepona y ha pedido el sobreseimiento de la causa para otros 39 procesados en esta causa, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
El escrito de acusación provisional del ministerio fiscal ha sido remitido este viernes al Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), que ha sido el que ha investigado la causa desde el principio y que en junio del pasado año 2017 acordó seguir la causa contra 95 investigados.
Además, de estos 95 procesados, uno ha fallecido y en otros cuatro casos se estimaron los recursos presentados por los procesados para el sobreseimiento.
En este caso se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" en el momento investigado --PSOE y PES-- y "enriquecerse personalmente".
Durante las fases de la operación policial del caso 'Astapa', iniciada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde Antonio Barrientos; así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales, llegando a haber más de 100 personas investigadas.
En esta causa se han investigado los delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias y actividades profesionales prohibidas, entre otros.
Según el auto de procedimiento abreviado dictado en su momento, "en el ámbito de urbanismo es donde se concentra principalmente la auténtica clave de arco de la irregularidad que entra dentro del ámbito penal", fundamentalmente en los aprovechamientos de los convenios urbanísticos.
También se aludía a presuntas irregularidades en la contratación y en materia de financiación, no sólo de partidos que estaban en coalición, sino del Ayuntamiento. El instructor ponía de manifiesto que "empresas y empresarios con intereses urbanísticos en Estepona tenían que efectuar pagos para no frustrar las expectativas que pudieran tener en el Consistorio".
