La Sala que ejecuta la sentencia del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, ha encargado a una empresa especializada la enanejación de bienes tanto muebles como inmuebles de once de los principales condenados en esta causa y que están entre los que deben pagar las responsabilidades económicas, fundamentalmente multas, más elevadas.
Así, a través de un auto, el Tribunal ha encargado esta tarea a la misma empresa que lleva la administración judicial de las sociedades vinculadas al principal condenado, Juan Antonio Roca, la cual coordina la venta de los bienes intervenidos a dicho penado a lo largo de este procedimiento, fundamentalmente a través de la página web habilitada especialmente para ello.
En concreto, la Sala acuerda que dicha empresa informe sobre los bienes que son ejecutables, los mecanismos y la conveniencia de crear un portal web "idéntico" a ese que ya funciona. A fecha de octubre pasado, la administración judicial de los bienes relacionados con Roca y sus sociedades había recaudado 33,1 millones de euros, la mayor parte a través de esa página.
La medida de ejecución de bienes se acuerda ahora respecto de condenados, como la exalcaldesa Marisol Yagüe, la exedil Isabel García Marcos; el abogado Juan Hoffman, que está fugado; el exprimer teniente de alcalde Pedro Román; varios testaferros y empresarios, como José Ávila Rojas, según consta en la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
La Sala defiende en su auto que el éxito del portal web que ya funciona "ha quedado acreditado" y la labor de la empresa que gestiona ese patrimonio. Fuentes judiciales han apuntado a Europa Press que dicha sociedad ya ha comenzado a trabajar en el encargo en cuanto a algunos de estos condenados, que acumulan responsabilidades pecuniarias millonarias, llegando algunos a cien millones de euros.
El encargo por parte del Tribunal se produce después de los dos escritos remitidos por la Fiscalía. En el primero, apuntaba a la necesidad de conocer más patrimonio de los condenados, lo que acordó la Sala, de forma que funcionarios de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria llevaron a cabo averiguaciones de bienes de otros procesados.
En el segundo escrito del fiscal, expresaba su preocupación por quedar pendiente de pago "la mayor parte de las responsabilidades pecuniarias impuestas" --tanto multas como responsabilidades civiles-- y proponiendo la enajenación de bienes, de forma que se llevara a cabo "una venta ordenada" de dicho patrimonio, apuntando a que podría realizar a través de una web.
El Tribunal de Málaga y la Fiscalía siempre han querido garantizar que se realice el pago por parte de los acusados de las responsabilidades económicas impuestas en la sentencia, para lo cual se han llevado a cabo en este tiempo diversas gestiones.
