Así lo puso también de manifiesto el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, quien aseguró ayer que los casos urbanísticos son una de las “principales causas” que han hecho aumentar la corrupción en España.
Lizcano hizo esta consideración durante la presentación del informe, según el cual en España se han aprobado algunas leyes que podrían ayudar a la lucha contra la corrupción, lucha que, no obstante, cuenta con importantes deficiencias.
Así, explica que el 2007 se dio luz verde a la nueva ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, que contiene algunas disposiciones progresistas como la prohibición de donaciones anónimas, aunque las cuentas de las organizaciones, empresas y fundaciones locales de los partidos no están suficientemente integradas a la contabilidad de los partidos centrales.
Añadió que otra de las normas aprobadas, la ley de Contratos del Sector Público, necesita incorporar la nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en obras, de suministros y de servicios, para emprender una reforma global de las leyes españolas sobre contratación pública.
El informe también pone de manifiesto aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, como que en el otoño de 2007, se puso en marcha la unidad especializada de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que tuvo un desempeño muy activo durante sus primeros seis meses.
Añade que, aproximadamente, 20 de los casos que llevó a cabo esta unidad están claramente relacionados con la corrupción en el ámbito local.
