Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto en Huelva, ha afirmado que "en ningún caso se pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales" en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró nula la resolución que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, promovido entonces por Emed Tartessus, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera
En un comunicado, Atalaya Riotinto Minera ha concretado que esta sentencia no pone en tela de juicio su gestión, "en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU".
En este mismo sentido, el consejero delegado de Atalaya, Alberto Lavandeira, ya dijo en declaraciones a los medios que esta situación "tiene una solución facilísima" y, en contacto con la Administración, "se va a arreglar sin ninguna duda".
La empresa, que "acata y respeta" la decisión del TS de no entrar a analizar las razones de procedimiento señaladas por el TSJA, "queda a la espera del dictamen que al respecto puedan realizar las administraciones competentes en la materia, especialmente tras las
modificaciones al proyecto propuestas por la empresa y que fueron objeto de aprobación mediante una nueva Autorización Ambiental Unificada de 17 de octubre de 2018".
Asimismo, en una nota ha recordado que la sentencia del TSJA alude a cuestiones formales de carácter administrativo en determinadas partes del procedimiento de aprobación de la AAU del año 2014. En ella, según ha explicado, se aduce que "no se habían expuesto públicamente una serie de documentos, de entre los cientos que conforman un trámite complejo y largo en el tiempo como es la Autorización Ambiental de un proyecto minero".
De esta manera, Atalaya entiende que estas consideraciones de carácter formal "no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía, descartando la propia sentencia la nulidad de pleno derecho de la autorización ambiental".
El propio tribunal indica, en resolución previa, que no se apreciaba "una nulidad patente o manifiesta como lo demuestra el
extenso procedimiento seguido y que no se acreditan daños o perjuicios de imposible o difícil reparación ya que la AUU por sí misma, no autoriza la actividad minera", ha explicado.
A la vista de esto, Atalaya afirma que "en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando Atalaya, en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU".
En este marco, la empresa ha querido volver a lanzar un mensaje de tranquilidad a sus más de 400 empleados y 650 trabajadores de contratas que trabajan diariamente en sus instalaciones, sus socios,
contratistas y ciudadanía en general, confiando en que," a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación española y andaluza, se puedan poner en práctica los mecanismos destinados a subsanar ese defecto administrativo sin que esto afecte a la buena marcha de las operaciones".
En este sentido, los asesores legales de Atalaya consideran que la Administración andaluza además de cumplir con el fallo de la sentencia del TSJA y corregir los defectos formales de la AAU del 2014, deberá tener en cuenta también en ese proceso, todas las medidas técnicas y ambientales propuestas por la empresa y autorizadas en la AAU del 2018, de tal forma que "se plasme claramente todas las mejoras que en la gestión de las instalaciones mineras e industriales del PRT está desarrollando Atalaya en estos últimos años".
De esta manera, y desde una posición de responsabilidad, Atalaya va a seguir procurando la excelencia en la gestión en materia minera, ambiental y de seguridad, y generando empleo y riqueza para la región a largo plazo.
