Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a cinco personas, de entre 25 y 59 años, a las que se les atribuye la presunta autoría de un delito de fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social, con un perjuicio para la misma de más de 100.000 euros, tras la suscripción de falsos contratos laborales como medio para percibir subsidios y pensiones contributivas.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, una sexta persona está siendo investigada en la provincia de Málaga en relación a estos mismos hechos tras una investigación policial que se inició a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal, derivada de un informe técnico procedente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada.
En concreto, los detenidos presuntamente simularon una relación laboral inexistente como trabajadores de una empresa de ocio que no tenía actividad y, a través de los contratos ficticios, lograron percibir prestaciones ilícitas que oscilaban entre los 4.000 y 43.000 euros.
El 'modus operandi' utilizado consistió en dar de alta de manera ficticia, mediante contratos laborales falsos, a una serie de personas como presuntos trabajadores de una empresa dedicada al ocio con domicilio social en la zona centro de Granada.
El principal encausado además habría utilizado de manera ilegítima las claves de acceso necesarias para llevar a cabo el alta en la Seguridad Social para sí y el resto de detenidos, las cuales pertenecían a una tercera persona ajena a los hechos denunciados y con la que mantenía una relación de amistad.
Los falsos contratos laborales fueron el medio utilizado para conseguir, con el paso del tiempo y mediante la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social sin cotización alguna, el derecho a percibir una serie de prestaciones económicas e incluso asistenciales y sanitarias con cargo a la Seguridad Social con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.
Las investigaciones se han llevado a cabo mediante la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada y la Policía Nacional, siendo esta última la encargada, por orden de la autoridad judicial, de practicar las diligencias oportunas, investigar el alcance de los hechos e identificar a los presuntos autores de una serie de conductas presumiblemente ilícitas y por lo tanto punibles.
Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial mientras que una sexta persona residente en Málaga está siendo investigada.