Gervasio Hernández-Palomeque, Alfonso Perales, Jesús Ruiz, Rafael Román, Francisco González Cabaña, José Loaiza e Irene García. Sus nombres presiden los diferentes mandatos de la Diputación Provincial de Cádiz desde la recuperación democrática: desde 1979 hasta la actualidad. A ellos y a las diferentes Corporaciones se ha dedicado el acto institucional celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial. Personifican 40 años de servicio público que, a juicio de la actual presidenta, Irene García, han demostrado la “indiscutible madurez” de la Diputación, su decisiva intervención en el progreso económico y el bienestar de la sociedad, su papel de “dique frente a la amenaza de la despoblación en el medio rural”, o su capacidad como “caja de resonancia de las reivindicaciones de municipios y sectores económicos”.
La Diputación ha confirmado su utilidad, según ha defendido Irene García, pero frente a esa realidad “continuamos padeciendo un desequilibrio en nuestra financiación”. En su discurso argumentaba que “el propio desarrollo del sistema autonómico ha derivado en lo que podríamos considerar un perverso proceso de centrifugación competencial en el que ha sido habitual que las propias comunidades, una vez asumidas ciertas atribuciones, las hayan derivado hacia las entidades locales sin garantizar la necesaria suficiencia económica para desarrollarlas en plenitud y sin liberarse de la permanente vigilancia en su aplicación”.
Antes de exponer estas reflexiones Irene García impuso la insignia de oro de la Diputación de Cádiz a quienes la precedieron en la presidencia de la Corporación Provincial. Acudieron personalmente Gervasio Hernández Palomeque (titular de Diputación en el periodo 1979-1983) y Francisco González Cabaña (presidente en los mandatos corporativos 2003-2007 y 2007-2011). En representación de Jesús Ruiz (1989-1991) recogió la distinción su hijo Cándido Ruiz; el actual vicepresidente de Diputación, José María Román, recogió la insignia dedicada a Rafael Román (presidente de 1999 a 2003 y de 2003 a 2007), mientras que el diputado provincial Antonio Saldaña recibió la destinada a José Loaiza (presidente de 2011 a 2015). Las citadas ausencias estaban justificadas. En el acto se recordó la trayectoria del ya fallecido Alfonso Perales, presidente de Diputación de 1983 a 1987 y de 1987 a 1989. Perales ya fue reconocido, a título póstumo, como Presidente Honorario de Diputación, la misma distinción que recibió Francisco Cossi Ochoa, presidente de la Diputación de Cádiz en julio 1936, quien fue detenido por los sublevados que secundaron el golpe militar que acabó con la Segunda República y cuyo cadáver aún no ha sido recuperado.
Gervasio Hernández Palomeque, primer presidente de la Diputación de Cádiz tras la recuperación democrática, recordó precisamente que hace 40 años “nos llamaban los rojos”. Expresó fragmentos de su discurso de investidura, pronunciado en 1979, en el que manifestaba su convicción de “hacer política” y no convertirse en “meros administrativos gerenciales”. Defendió “el respeto al contrario y a las minorías”, para alejarse de “triquiñuelas, politiquillas y chalaneo...” con el único objetivo de rentabilizar el ejercicio político como medio para consolidar “una casta”. Hernández Palomeque destacó la intervención de la Diputación en el proceso autonomista y fue crítico al reclamar la revisión de normas como la ley que regula el sistema electoral o la constitución de partidos.
Irene García clausuró el acto institucional reiterando la necesidad de las Diputaciones y, por extensión, de las Corporaciones Locales. A su parecer “seguimos soportando una tutela inexplicable por parte de otros niveles institucionales”, pese a la calidad de los servicios públicos gestionados, y a pesar de cumplir con “todos los criterios de estabilidad económico-financiera impuestos por la contabilidad nacional”.
Esas restricciones –una financiación claramente insuficiente y una tutela que se asemeja a una “permanente lupa fiscalizadora”- repercuten inevitablemente en “nuestra acción transformadora y nuestra capacidad para dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, nuestros vecinos y vecinas”.
Frente a los límites expuestos la Diputación y los Ayuntamientos “somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestra sociedad porque somos quienes la vivimos en primera persona”. Esa cercanía, y el ordenamiento jurídico, legitiman a las Diputaciones como “pieza clave en la configuración del Estado”. Pese a ese papel, Irene García ha cerrado su intervención reivindicando la necesidad de “fortalecer sus competencias, mejorar su financiación y garantizar su autonomía”, en beneficio de los servicios públicos dedicados a los municipios y a la sociedad de la provincia de Cádiz.
