La defensa del dueño de la finca en la que está el pozo en el que murió Julen, el pequeño de poco más de dos años que fue rescatado sin vida 13 días después de caer en dicha prospección hace un año, y la acusación que representa a los padres del niño han llegado a un principio de acuerdo que evitará el juicio, a excepción de la primera sesión, prevista este martes.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el principio de acuerdo entre ambas partes, que ya cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, supone que el procesado reconocerá los hechos por los que es acusado y aceptará una condena de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, que se suspendería.
Al respecto, uno de los abogados del acusado, Juan Martínez Soler, ha indicado que esa pena de prisión podría ser de seis meses a un año. Otras fuentes han indicado que se le aplicaría la atenuante de reconocimiento tardío de los hechos y reparación parcial de los daños.
Además, se compromete a abonar una indemnización a los padres, con una cantidad inicial, que sería de unos 25.000 euros y que está previsto que se abone este lunes, y otras mensuales. Las fuentes judiciales han indicado que esa compensación podría alcanzar los 180.000 euros en total. Este acuerdo llega después de que el acusado haya pedido perdón a los progenitores.
Este pacto deberá ser ratificado por el acusado, David Serrano, y por todas las partes ante el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga que este martes tenía previsto comenzar el juicio y que tendrán que dar el visto bueno y, en ese caso, dictar una sentencia de conformidad. Por tanto, inicialmente, la vista oral de este martes se mantiene.
El abogado del acusado ha asegurado que "siempre han considerado bárbara la petición de tres años y medio de prisión por algo que hemos entendido como un accidente". Además, ha querido dejar claro que la compensación económica "no ha sido tasada ni exigida por los padres porque no quieren poner precio a su hijo, pero es uno de los requisitos".
Ha señalado en declaraciones a Europa Press que el pacto es bueno para evitar "que los padres tuvieran que revivir la angustia" y que su cliente "tuviera que vivir todo otra vez, que bastante cargo de conciencia y condena tendrá de por vida". "El acuerdo supone una gran satisfacción y sobre todo que las partes dejen de sufrir, ya que la víctima real fue el pequeño Julen y ya no se puede hacer nada por él", ha manifestado.
Los hechos sucedieron poco antes de las 14.00 horas del 13 de enero del pasado año. Los servicios de emergencia recibieron un aviso de que un niño había caído por un pozo profundo en una finca en la zona del Dolmen del Cerro de la Corona, de dicha localidad de la comarca malagueña de la Axarquía, cuando estaba con sus padres y unos amigos.
Un operativo formado por bomberos, guardias civiles, expertos como ingenieros y mineros de Asturias; empresas relacionadas con la construcción, Protección Civil, Policía Nacional; coordinado por el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, llevó a cabo una operación de rescate "inédita en todo el mundo" de la que España estuvo pendiente de cada movimiento.
Las tareas de rescate terminaron 13 días después, a las 01.25 horas del 26 de enero, cuando los equipos accedieron al punto del pozo donde se buscaba a Julen y localizaron el cuerpo sin vida del niño a unos 71 metros de profundidad, debajo de un tapón de tierra que arrastró en su caída.
