El Partido Popular defenderá en el pleno ordinario de febrero una moción en apoyo a la agricultura y a la ganadería, sectores que están en la actualidad reclamando mejoras para el sector.
Según defiende la portavoz popular, Ascensión Hita, el Grupo Municipal Popular propondrá que la Corporación Municipal inste al Gobierno de España a aprobar un Plan de Contingencia de costes de producción de las actividades agrícolas y ganaderas andaluzas.
Un plan que ha de incluir medidas dirigidas a reducir estos costes para nuestros agricultores y ganaderos mientras no tienen efecto las medidas de carácter estructural ya anunciadas para garantizarles unos precios justos por sus productos, conforme a las competencias que ostenta en todos los ámbitos de su acción de gobierno y con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas.
Igualmente, el PP reclama que se inste el gobierno de la nación a aplicar medidas e incentivos fiscales para ayudar a los agricultores y ganaderos andaluces ante la situación límite en la que están y, en concreto, a aprobar la reducción de los módulos fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Pensiones Físicas que le ha solicitado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2019 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias.
La moción incluye que el acuerdo adoptado sea trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Precios justos
El Partido Popular Andaluz asegura "comprender y apoyar las reivindicaciones del campo andaluz, cuyos agricultores piden unos precios justos acordes a los costes de producción".
La formación popular resalta que "los precios que recibe el agricultor han bajado progresivamente al mismo tiempo que los costes de producción han subido. De hecho, los precios han subido de media un 45% en el aceite de oliva virgen y un 20% en frutas y hortalizas. Esta situación constituye un problema de Estado, que es el que tiene las competencias sobre los precios y, por tanto, la responsabilidad de solucionarlo, junto con la Unión Europea".
Así, para el PP, "los principales problemas a resolver tienen que solucionarse mediante leyes del Estado o normas de la UE que impulse el Gobierno de España y tiene que poner plazos cortos y cumplirlos".
Los populares señalan que tales retos son la reforma de la ley estatal de la cadena alimentaria para resolver el desequilibrio actual entre productores agricultores y ganaderos y demás agentes de la cadena; poner fin a las ventas a pérdidas; un mayor control en los puestos estatales de inspección fronterizos (PIF) de los productos agrarios de terceros países extracomunitarios que entran en la UE para que nunca se superen los permitidos; más control y más exigencia de que los productos de terceros países extracomunitarios cumplan los mismos requisitos fitosanitarios, de calidad y de sostenibilidad que se exige a nuestros agricultores y ganaderos; más instrumentos de gestión de crisis para nuestros agricultores y simplificar los existentes; hacer los seguros agrarios más atractivos para los agricultores; eliminar el veto ruso; y, por supuesto, el mantenimiento de una Política Agrícola Común (PAC) fuerte, con un presupuesto suficiente, como mínimo el actual.
