Las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han prendido finalmente en la provincia de Cádiz, primero de forma espontánea, el sábado pasado, y luego, durante la semana, de manera organizada por la plataforma Autónomos Unidos, el jueves, y Vox, ayer.
“Decidí salir para defender las libertades y expresar el rechazo a la política nefasta que está llevando a cabo este Gobierno”, explica José Delage, participante de la primera gran cacerolada celebrada el domingo pasado en la Plaza del Caballo, en la avenida Álvaro Domeq de Jerez. Conoció la convocatoria por redes sociales y, asegura, han llegado a reunirse hasta 400 personas.
“Hay gente de todo tipo, no somos élites privilegiadas”, aclara sin necesidad de preguntarle, en defensa preventiva ante el discurso de Unidos Podemos contra los cayetanos del barrio de Salamanca, en Madrid. “Nos une la preocupación por lo que viene, que es gordísimo”, añade. El temor a las consecuencias económicas y también la gestión sanitaria ha colmado su paciencia.
En Algeciras, Manuel Muñiz ha tomado parte, del mismo modo, de un incipiente movimiento ciudadano que, con banderas de España, solicitan cada noche, a partir de las 21.00, la dimisión del Gobierno en bloque. “(El Ejecutivo) está provocando una bestialidad de muertes -lamenta-, no está tomando medidas efectivas”. Se ha manifestado durante cinco días seguidos y no dejará de hacerlo hasta ver dimisiones, advierte.
Las concentraciones, que no son muy numerosas, en el entorno de la rotonda de San García y la rotonda del Pandero, junto a la Plaza de Toros, se han desarrollado hasta el momento sin incidencias.
Estas manifestaciones, no obstante, no son manifestaciones al uso, aclara Miguel Revenga, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, porque no están organizadas y convocadas formalmente, a través de una petición a autoridad competente y sujeta a unos plazos determinados.
Pero apela a la “tolerancia constitucional” para justificar estas reuniones. “Se trata -afirma- de actuar de la manera más favorable al ejercicio de derechos”. Por lo tanto, “no hay base para sancionar” ni impedir su celebración, salvo que se incumplan las medidas de prevención y seguridad para evitar contagios dispuestas en el decreto de estado de alarma.
En este caso, remarca, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden intervenir si consideran que hay riesgo para la salud pública.
No ha sido necesario. En Jerez, algunos manifestantes portaban paraguas para garantizar la distancia de seguridad. En Algeciras, Alberto López, portavoz local de Jusapol, confirma que, efectivamente, no se han registrado problemas ni han recibido órdenes específicas ni de superiores ni de la Subdelegación al respecto.
“Si las hubiera, solo se cumplirán si son legales”, como es lógico, subraya, al tiempo que niega que haya habido hasta ahora ninguna identificación por portar banderas de España como denuncian en otras partes de la geografía nacional numerosos usuarios de las redes sociales. “La llevamos en el uniforme”, recuerda.
Revenga sí muestra ciertas reticencias sobre las caravanas de automóviles que se han celebrado durante esta semana y señala el auto del Tribunal Constitucional del 30 de abril de 2020, que desestima el recurso de amparo de un sindicato que pretendía celebrar una manifestación rodada en coches particulares en Vigo.
El Constitucional considera que prevalecen los valores de la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adeucadamente.
“En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus”, argumenta.
Sin embargo, el pasado 20 de mayo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableció que la respuesta judicial a los recursos planteados por Vox contra las prohibiciones por parte del Ministerio del Interior de las manifestaciones en coche que convocó para este sábado corresponden al tribunal superior de justicia de cada territorio.
De acuerdo a esta decisión, la plataforma Autónomos Unidos pudo celebrar el jueves una primera caravana en la capital gaditana. La Subdelegación del Gobierno rechazó en primer término la solicitud de manifestación el pasado 13 de mayo de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que considera infracción la celebración de reuniones en lugares de tánsito público o de manifestaciones, incumpliendo los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derehco de reunión, y que se refieren a garantías de seguridad en la organización y plazos de solicitud.
Ante esta resolución, Autónomos Unidos presentó recurso contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón el martes, al considerar la prohibición de la Subdelegación limitativa del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución.
Así las cosas, la Subdelegación del Gobierno se vio obligada a autorizar la manifestación convocada en Cádiz por la formación de Santiago Abascal al no existir impedimentos siempre que se respeteran las normas de seguridad.
De esta manera, Vox inició la caravana de vehículos a partir de las 12.00 horas, partiendo de la explanada de la ITV del polígono de Levante, en el recinto exterio de la Zona Franca, a la entrada de la capital por el puente Carranza. En dirección a Cortadura, la marcha siguió por la Avenida hasta Purtas de Tierra, donde se dio lectura a un manifiesto.
El Partido Comunista de los Pueblos de España también se ha sumado al movimiento reivindicativo, con una concentración a las 21.00 horas de ayer, también en Cádiz, frente al Ayuntamiento, para exigir medidas contra la pobreza.
Vox reúne a 419 vehículos
La plana mayor de Vox en la provincia de Cádiz se mostró exultante ayer, al término de la caravana de vehículos que discurrió por la principal arteria de la capital hasta Puertas de Tierra en rechazo a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ante la actual crisis sanitaria económica.
“No estamos contra nadie, estamos contra el Gobierno porque este Gobierno está contra España y la libertad”, declaró a los medios el diputado nacional Agustín Rosety. Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Andalucía, participaron exactamente 419 vehículos y no hubo ninguna incidencia que destacar. “Solo he visto mucho civismo en la calle”, señaló Rosety, quien advirtió de que “seguiremos movilizándonos”.
