El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley que regula por primera vez el trabajo a distancia en España, que tendrá carácter voluntario y reversible y conllevará que la empresa compense una serie de gastos.
"Se preservan los derechos fundamentales", ha destacado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha situado la aprobación de esta norma, acordada con patronal y sindicatos, como el punto de partida de "una ola de reformas" para un mercado laboral del siglo XXI.
El texto, fruto de extensas negociaciones, no se aplicará al trabajo a distancia desplegado con motivo del COVID-19 a excepción del tema de los medios necesarios.
Así, se obliga a las empresas a dotar de medios, equipos y herramientas, así como a su mantenimiento y deja a la negociación colectiva, sin establecer en este caso obligación, compensar o no los gastos y cómo hacerlo.
"En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados", dice el texto.
Para el teletrabajo no vinculado a esta situación, la norma fija la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30 % de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y aquí sí la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir el empleado.
También que el trabajo a distancia será voluntario y reversible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, y no supondrá un menoscabo en los derechos de quienes lo realicen respecto al resto de trabajadores en condiciones como la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional.
Y, según ha señalado Díaz, no podrá usarse la falta de adaptación a este modelo como causa de despido objetivo, el de menor indemnización.
"La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia (...) no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo", recoge en un comunicado Trabajo.
También se regula en el real decreto ley -que se quiere tramitar como proyecto de ley según señalan fuentes parlamentarias- el derecho a la desconexión digital o la protección de datos. Durante el teletrabajo también se debe seguir registrando la jornada.
En cuanto a los plazos de adaptación, uno de los puntos de discrepancia entre las partes, las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de un año desde su publicación en el BOE o en un máximo de tres años, en caso de así acordarlo con los representantes de los trabajadores.
La norma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha calificado este martes el acuerdo de "positivo"; mientras que el líder de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su satisfacción por lograr pactar una legislación "avanzada", que "aborda la realidad que ha venido para quedarse".
Las patronales CEOE y Cepyme han confiado en que la norma "permitirá avanzar de forma ordenada en esta modalidad, especialmente una vez se supere la excepcional coyuntura en la que nos encontramos con motivo del COVID-19".
El Gobierno también ha aprobado este martes la prorroga del programa MeCuida hasta el 31 de enero de 2021.
Este programa permite adaptar o reducir jornada, con la consiguiente merma de salario, para el cuidado de menores o dependientes durante la pandemia.
