La fiscalía pide el internamiento de un anciano de 91 años que mató a una compañera

La Fiscalía malagueña ha solicitado el internamiento en un centro especializado de un anciano de 91 años que presuntamente mató a una compañera de residencia e hirió a otro interno en la localidad malagueña de Guaro en agosto del 2018, al estimarle la eximente completa de alteración psíquica.

El juicio ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y el ministerio público ha modificado sus conclusiones y ha pedido el internamiento del procesado por un tiempo no superior de diez años.

La acusación particular y la defensa han mostrado su conformidad con los hechos y con la medida de internamiento pedida por el fiscal, aunque la defensa del procesado ha pedido que la duración no supere los cinco años.

El fiscal había pedido, en sus conclusiones provisionales, que el acusado fuera condenado por homicidio y delito leve de lesiones a cinco años de prisión, el internamiento por un plazo máximo de cinco años y una multa de un mes con una cuota diaria de diez euros, tras estimarle la eximente incompleta de alteración psíquica.

Los hechos se remontan al 26 de agosto del 2018, sobre las 3:20 horas, en el sector 4 de la residencia, destinado a personas con trastornos de conducta, cuando en el pasillo de dicha unidad el acusado agredió con múltiples patadas y golpes en la cabeza a otra residente, de 86 años, la cual deambulaba por el pasillo cuando fue atacada.

En la misma noche, el acusado también agredió a su compañero de habitación, de 84 años, mientras estaba en la cama.

El procesado contaba con sujeción en muñeca y tobillo izquierdo pero logró zafarse esa noche.

A consecuencia de la agresión se produjo la muerte de la mujer por hemorragia cerebral, por un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Las lesiones que sufrió su compañero de habitación, que no ha podido declarar por su deterioro cognitivo, fueron múltiples erosiones en el cuero cabelludo, inflamación y hematomas varios además de heridas en la cara.

El procesado no ha comparecido ante la sala, lo ha hecho por videoconferencia y no ha sido necesario tomarle declaración al estar de acuerdo todas las partes con la modificación del fiscal.

El encausado sufre un cuadro de demencia con trastornos de comportamientos severos, con pronóstico de cronicidad, y en el momento de los hechos sufrió una limitación severa de sus capacidades intelectivas y volitivas que le impedían conocer el alcance de lo ocurrido.

Durante el juicio ha declarado un guardia civil, instructor de la causa, que ha explicado que la agresión a la mujer duró unos 18 minutos y que la víctima recibió un total de 48 patadas, tiempo que ningún auxiliar del centro detectó el incidente al no tener visión de esa zona.

También ha declarado la directora del centro que ha indicado que la residencia tenía esa noche tres trabajadores y al ser consultada si es suficiente para los residentes que tienen, ha contestado que si y que incluso tienen más auxiliares de lo que le exige la ley.

Además ha señalado que el día que ocurrieron los hechos era una noche tranquila y que entre la víctima y el agresor no se habían producido episodios de lesiones anteriores, solo los típicos que ocurren en la unidad de personas con trastornos de conducta.