La licencia de obra concedida en el año 2017 para las obras de rehabilitación del edificio de Hacienda cumplía la legalidad. Así lo ha ratificado la Justicia, que desestima el recurso presentado contra esta autorización municipal.
De este modo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Huelva ha desestimado el recurso interpuesto por el concejal de la oposición Jesús Amador -en el momento de la denuncia estaba adscrito a la formación Participa Huelva y actualmente a Adelante Huelva-, contra la comunicación del concejal de Urbanismo en la que se descartaban motivos para la apertura de un expediente de protección de la legalidad urbanística en relación a la licencia de obras concedida a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación del edificio de Hacienda de la plaza de la Constitución para uso administrativo, en concreto para albergar la sede de la Junta en Huelva.
Según ha confirmado Viva Huelva, en base a los informes técnicos municipales el juez dictamina la conformidad de dicha licencia con el ordenamiento jurídico, declarando el derecho de la Administración Autonómica a que se le conceda la licencia solicitada.
La concesión de la licencia fue aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en febrero de 2017 y, en octubre de ese mismo año fue impugnada ante ambas administraciones -Ayuntamiento y Junta- por parte de Amador.
El demandante alegó que la licencia contravenía el grado de protección urbanística dada por el catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores singulares del Plan Especial del Casco Histórico de Huelva. Además, según Amador, la licencia estaba caducada.
La Fiscalía Provincial requirió informes al respecto a la Concejalía de Urbanismo, constatándose que la licencia no había expirado, pues hubo una prórroga del plazo de ejecución de las obras. Se verificó asimismo que la actuación tiene conformidad con la Ley urbanística, procediendo la demolición de los elementos estructurales de la primera crujía, junto con el resto de la edificación, a excepción de la fachada, al encontrarse el edificio en estado de ruina técnica y degradación estructural.
Por otra parte, entre las causas de inadmisibilidad del recurso se apunta a que el demandante fue convocado a la sesión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la licencia y no asistió a la sesión, no se opuso a la licencia cuando se dio cuenta de ella en el pleno de marzo de 2017 (no votó en contra) y no fue hasta octubre cuando procedió a la impugnación. Por tanto, “incumplió los plazos procedimentales”, al presentar la impugnación fuera de plazo.
El teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez, ha valorado este fallo judicial como el aval de “una tramitación impoluta, a la que procedimos con todas las garantías de legalidad, dando luz verde a una actuación que no solo se ajusta a los parámetros urbanísticos y a la normativa de protección del inmueble, sino que es fundamental para la puesta en valor de este imponente edificio neoclásico, situado en pleno centro administrativo, gastronómico y turístico de nuestra ciudad”.
Más de un año parado
Incidiendo en que los argumentos del concejal demandante “han sido invalidados contundentemente con esta sentencia, en base a los informes presentados desde el Ayuntamiento”, Gómez Márquez ha señalado que “lo importante es que la Junta de Andalucía retome cuanto antes la rehabilitación del edificio, que por otras cuestiones, no por esta impugnación, lamentablemente lleva en suspenso más de un año”.
Al respecto, ha afirmado que “en los últimos días hemos sabido por los medios que la Junta está revisando el proyecto, adecuando la intervención al estado actual de la obra paralizada. Una vez más, les pedimos celeridad, pues una actuación de esta envergadura no puede permanecer más tiempo en tiempo muerto, lastrando la imagen del centro, y les ofrecemos, como hemos hecho hasta ahora, nuestra colaboración y cooperación en beneficio de la ciudad”.
