previos como presunto autor de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y usurpación tras haberse apoderado de 1.400 euros destinados al pago de varias multas acumuladas por un familiar lejano por infringir el primer confinamiento, cuyo importe fue facilitado por la víctima y abuela del infractor, la cual fue engañada aportando varios justificantes de pago falsificados.
Según relata el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, los hechos se remontan a los meses del primer confinamiento decretado para luchar contra la pandemia, cuando un joven acumuló una serie de infracciones administrativas por infringir esta medida, llegando a sumar estas la cantidad de 2.800 euros, pero pudiendo quedar reducida esta cantidad a la mitad si se efectuaba el pago de una forma pronta.
Tras tener conocimiento de este hecho, la abuela del joven infractor, una anciana octogenaria, se ofreció a aportar el dinero para efectuar el pago de la cantidad minorada originada por las mencionadas infracciones. Para ello, tuvo que solicitar el préstamo de esta cantidad a otros familiares.
Para gestionar el pago de los 1.400 euros, la abuela confió en la gestión de un familiar lejano, el ahora detenido, confiando en sus conocimientos como abogado, aunque sin ejercicio en la actualidad, quien se habría ofrecido para realizar los trámites oportunos ante la administración. De esta forma, y atendiendo a lo acordado, a finales de mayo del pasado año el voluntarioso gestor recibió la cantidad de 1.400 euros para saldar la deuda contraída.
A finales de mayo, la víctima solicitó de este gestor la entrega de los justificantes de pago, recibiendo varios documentos con el membrete de la Delegación de Economía y Hacienda en Granada con un sello que rezaba como pagado. No obstante, recientemente el nieto de la víctima recibió tres nuevas notificaciones en las que se le instaba al pago de las multas referidas, con la particularidad de que ya había transcurrido el plazo de bonificación por lo que la cuantía quedaba fijada en 2.800 euros.
Tras poner en conocimiento de estos hechos a los agentes de policía, se comenzó una investigación, la cual consiguió demostrar la falsedad de los documentos presentados como recibos de pago a través de diversas gestiones realizadas con la Subdelegación del Gobierno en Granada y una sucursal bancaria de la capital.
