El incendio, el pasado 27 de febrero, del centro de transformación ubicado en la calle Pedro de Moya, en el barrio de La Paz, en la zona norte de Granada, que se suma a otros anteriores por sobrecarga en la red a raíz de "las conexiones fraudulentas con origen en las plantaciones de marihuana", va a suponer una inversión de más de 50.000 euros por parte de la empresa suministradora, Endesa, que ya trabaja en su reposición.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Endesa, que han detallado que este transformador se instaló nuevo en noviembre de 2019, ya que se trataba de una de las instalaciones, junto a los centros de transformación Rodrigo de Triana y Tarragona, que más incidencias sufrían como consecuencia de la sobrecarga de la red.
La potencia en ellos se ha triplicado y, a pesar de ello, las incidencias se siguen registrando, en este centro de transformación en particular, que ha venido sufriendo "manipulación y vandalismo para acceder a su interior", han agregado las citadas fuentes.
Las manipulaciones que se realizan provocan unos elevados costes de mantenimiento a la compañía, pero, ante todo, desde la empresa han insistido en que suponen "un gravísimo problema de seguridad para todos los vecinos del barrio".
Los daños ocasionados en esta infraestructura van a suponer un coste de más de 50.000 euros, al tener que sustituir cuatro celdas de media tensión, el transformador de 1.000 kVA de potencia, que se había instalado nuevo en 2019, los armarios de telecomunicaciones, 700 metros de cableado de baja tensión, y 200 metros de cableado de media tensión.
Con estas obras, que se prolongarán durante varias semanas debido al mal estado en el que quedaron las instalaciones tras el incendio producido por el sabotaje de las líneas, el centro de transformación de Pedro de Moya quedará renovado y en él se aplicará la última tecnología en materia de sensorización con el fin de "intentar paliar la problemática de las manipulaciones".
Este centro de transformación en particular cuenta con cerca de 550 clientes, de los cuáles solo 300 tiene contrato de suministro en vigor, por lo que la potencia del mismo es "más que suficiente para paliar las necesidades energéticas de los clientes". Es más, está sobredimensionada la capacidad de la instalación, han indicado desde Endesa, que han remarcado que, en última instancia, "los constantes incendios" en las instalaciones y en las líneas de distribución "ponen en peligro la vida de los vecinos".
El pasado 14 de enero, Endesa informaba en una nota que había finalizado las obras de construcción de una nueva línea de media tensión, de 20 kilovoltios, que ha reforzado el suministro en la zona norte de Granada, con el objetivo de reducir la saturación de las redes que provocan los enganches ilegales en la actual línea.
Con una inversión de 440.000 euros, Esta actuación extraordinaria se une a los tres millones de euros que Endesa ya había invertido en el distrito en 2020 con el fin de intentar paliar la problemática que generan los enganches ilegales en esta zona de la capital granadina donde el 65 por ciento de la energía que se demanda es de forma fraudulenta, como lo certificó la auditoria llevada a cabo por la Junta de Andalucía el pasado año.
Tras el plan excepcional de inversión llevado a cabo por Endesa desde diciembre de 2019, que supuso el refuerzo de toda la red de media y baja tensión existente y la instalación de cuatro nuevos centros de transformación instalados en tiempo récord en las calles Puerto Lumbreras, José Acosta Medina, Pintor Joaquín Capulino Jaúregui y Pedro Machuca, se ha conseguido aumentar la potencia instalada un 200 por ciento en la zona.
Todas estas instalaciones puestas en servicio en los barrios de La Paz, Rey Badis y Cartuja, donde hay 2.300 viviendas, cuentan ahora con una potencia como para dar suministro a 11.000 puntos de consumo.
Sin embargo, la red de distribución sigue soportando cargas muy por encima de la potencia contratada que ocasionan daños en las instalaciones nuevas, aun estando sobredimensionadas.
Según la auditoría llevada a cabo por la Delegación del Gobierno de Junta de Andalucía, existen 5.054 viviendas de 20.000 que están conectadas a la red de distribución eléctrica sin contrato de suministro, es decir, uno de cada cinco vecinos de la zona norte.
Estas instalaciones no disponen de los preceptivos elementos de protección, tal y como está recogido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, para preservar la seguridad de las personas y los bienes.
Estos enganches irregulares a la red se realizan con materiales no adecuados y sin cumplir las normas de seguridad, generando un enorme peligro para la persona que comete el fraude y para todos sus vecinos, al carecer de protecciones frente a cortocircuitos, electrocuciones o incendios, que se podrían expandir más allá de las viviendas particulares a los bloques de pisos, generando un riesgo real de lesiones graves o incluso de muerte.
Estas viviendas con conexiones irregulares a la red eléctrica carecen de los sistemas de protección básicos: el de la vivienda (cuadro eléctrico), el del cuarto de contadores que protege al portal y el de la caja general de protecciones que salvaguarda al bloque de pisos. En esta situación la única protección que actúa para evitar un incendio es la del centro de transformación de Endesa.
ABONO SOCIAL
Por todo ello, es fundamental la coordinación entre las diferentes instituciones para regularizar y adecuar los suministros que carecen de contrato y las instalaciones inseguras, y poder así empezar a aplicar las ayudas establecidas por el Estado a través del Bono Social para que las familias con pocos recursos económicos puedan beneficiarse de ellas. En algunos casos estas ayudas pueden suponer la exención de hasta el cien por cien del abono de la factura eléctrica.
Endesa sigue trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llevar a cabo de forma conjunta acciones para detectar el fraude eléctrico, principalmente derivado de las plantaciones de marihuana.
