Los Gobiernos central y vasco cierran el traspaso de prisiones a Euskadi

Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de las tres cárceles de la comunidad autónoma, un traspaso que se materializará el 1 de octubre, así como otras tres competencias.

El traspaso de la gestión de las prisiones, que no la legislación de la política penitenciaria que seguirá en manos del Gobierno, se incluía en la docena de transferencias que conforman el primer bloque de traspasos de los tres previstos entre ambos ejecutivos para culminar el Estatuto de Gernika.

Junto con el traspaso al Gobierno Vasco de la gestión de las cárceles de Álava, Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), en las que trabajan más de 600 funcionarios y casi un centenar de laborales y permanecen presas 1.300 personas, el acuerdo recoge las competencias de transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones).

Estos cuatro traspasos se ratificarán en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias el próximo 10 de mayo.

Desde el inicio de este año los dos gobiernos intensificaron los contactos para poder cerrar el acuerdo en torno a la competencia de prisiones, que, hasta ahora, solo la tiene asumida Cataluña.

Para el diseño del modelo penitenciario que desarrollará, el Gobierno Vasco ha fichado al juez Jaime Tapia, presidente de la sección Penal de la Audiencia Provincial de Álava.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha explicado en una comparecencia pública que la transferencia de prisiones supone "asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios" de la comunidad autónoma.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado la "relevancia política" de la transferencia de prisiones, una competencia que el Gobierno Vasco va a ejercer desde los principios de "reeducación, resocialización y reinserción".

Erkoreka ha dicho en varias ocasiones que el Ejecutivo de Vitoria impregnará un "perfil propio" al ejercicio de esta competencia ya que, pese a que la legislación se mantiene en manos del Estado hay un "margen importantísimo" de actuación, "con lealtad total" a esa legislación.

Ha rechazado las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA y ha zanjado que "no hay razón alguna para plantear sombras de sospecha" de posibles actuaciones "irregulares" de nadie.

Tras afirmar que Euskadi tiene "mucho que celebrar hoy" con este acuerdo, el vicelehendakari primero ha manifestado que con él se reafirma que "el pacto es el camino", que es el "modelo histórico de relación" que defiende, un modelo de "éxito".

En este sentido, ha sentenciado que "a través del diálogo es posible alcanzar acuerdos", por lo que ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la "fórmula del pacto para seguir avanzando" en la culminación del Estatuto.

El acuerdo contempla una valoración económica del traspaso de prisiones en 70 millones de euros, cantidad que Euskadi descontará del cupo que paga al Estado y que se trasladará a los presupuestos del Gobierno Vasco para financiar las funciones y servicios asumidos.

En cuanto a los trabajadores afectados, Garamendi ha precisado que son alrededor de 700 las personas que trabajan en los tres centros, que el Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de sus retribuciones, respetando los derechos adquiridos hasta el momento.

Los tres inmuebles serán traspasados a Euskadi y le pertenecerán en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado.

Cuando se construya la prisión guipuzcoana de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.

Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre, que ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones.

Con el traspaso de la transferencia del transporte por carretera, el Gobierno Vasco asumirá la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de la comunidad autónoma, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en Euskadi.

Esto supone que asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte y gestión de los exámenes de competencia profesional.

Estos cuatro traspasos forman parte del primer bloque del calendario de transferencias pendientes, en el que también aparecen materias como Seguros, Servicios privados de seguridad, Meteorología, Seguros agrarios, Fondo de protección a la cinematografía, Mercado de productos de pesca y cultivos marinos, Paradores de turismo, y Ordenación y gestión del litoral.

En el segundo bloque, que expiraba inicialmente en junio de 2021 se retrasa a octubre, figura, entre otras, la gestión de los tres aeropuertos y de los puertos de interés general, Pasajes y Bilbao.

El tercer bloque consistirá en "iniciar los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social". En este caso los trabajos comenzarán en noviembre para concluir en mayo del próximo año.

A ello hay que añadir la gestión del ingreso mínimo vital, que por mandato legal tiene que ser transferido para el próximo 31 de octubre. Sobre esta materia, la consejera ha reconocido serias "dificultades técnicas".

Garamendi ha afirmado que este acuerdo supone un "hito muy importante y satisfactorio" en el desarrollo del autogobierno vasco y ha anunciado que hasta la celebración de la Comisión Mixta podría cerrarse alguna otra transferencia.