La Policía Nacional de Granada ha llevado a cabo la operación Brácula en la que ha detenido a cinco personas, dos de ellas de nacionalidad española y tres marroquíes, todos ellos sin antecedentes policiales, investigados por supuestamente explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros aprovechándose de su situación administrativa irregular, manteniéndolos en condiciones laborales y de vida muy desfavorables, tras ser empadronados en un domicilio de Loja.
La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de ciudadanos marroquíes que se encontraban ilegalmente en el territorio español quienes habrían estado siendo empadronados en un mismo domicilio situado en Loja. Este domicilio era propiedad de otro compatriota quien ya había adquirido la nacionalidad española, el cual les ofrecía trabajar con él en labores agrícolas, principalmente en la recogida del espárrago, por las que realizaban jornadas de once o doce horas a cambio de cobrar seis euros la hora.
Las pesquisas policiales hicieron posible la ubicación del lugar donde se realizaban las tareas agrícolas y la del domicilio donde eran empadronados los ciudadanos extranjeros. Tras estas gestiones los agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, junto con la Inspección de Trabajo, quienes contaron con la colaboración de agentes de la Policía Local de Loja, se dirigieron a las fincas objeto de investigación, donde identificaron a diez trabajadores marroquíes, ocho de los cuales se encontraban en situación irregular.
A partir de ese momento, tuvieron conocimiento de que el propietario de la vivienda, además de explotarlos laboralmente, les cobraba 450 euros por empadronarlos en la misma, trámite que por otro lado, es completamente gratuito, según los datos difundidos este martes por la Policía Nacional en una nota de prensa. También les hacía pagar cien euros mensuales por un colchón en una habitación en la que podían dormir hasta siete u ocho personas.
Los agentes detuvieron a los presuntos implicados en el delito contra los derechos de los trabajadores, siendo éstos, la persona que se encargaba de los empadronamientos y de buscarles trabajo, dos empresarios españoles que tenían las fincas arrendadas y contrataban a los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular y dos capataces.
Con esta intervención, los agentes pretenden acabar con el "efecto llamada" que se está produciendo en ciertas poblaciones de Granada, hasta donde llegan los ciudadanos extranjeros, se empadronan y comienzan a trabajar en condiciones muy desfavorables durante el tiempo necesario hasta que pueden demostrar su arraigo. Mientras tanto, padecen condiciones infrahumanas en su entorno laboral, favoreciendo el lucro de sus explotadores.
