Los progenitoresn reclaman que sea juzgado por homicidio doloso por un jurado popular
El abogado de los padres de Leire, la niña de cinco años fallecida el 6 de julio tras ser atropellada en Roquetas de Mar (Almería) por un legionario que circulaba ebrio, ha pedido para el presunto autor penas que suman nueve años y medio de prisión, y los progenitoresn reclaman que sea juzgado por homicidio doloso por un jurado popular.
El letrado Juan Manuel Medina ha explicado a EFE que aún no se ha resuelto el recurso de apelación contra el auto de continuación de procedimiento abreviado, por el que se solicitó la transformación del procedimiento en tribunal del jurado, algo que se plantea como cuestión previa en el escrito de acusación que ha presentado.
En dicho escrito, consultado por EFE, se señala que los presuntos hechos tuvieron lugar sobre las 20:20 horas cuando la niña se disponía a cruzar de la mano por un paso de peatones en la barriada roquetera de El Parador.
Fue entonces cuando supuestamente el acusado, circulando con una tasa de alcohol que “cuadriplicaba” la permitida, rebasó a otro vehículo que se encontraba detenido ante dicho paso de peatones en el carril derecho, “conduciendo a una velocidad excesiva en vía urbana limitada a 50 km/h”.
Al no detenerse en el paso de cebra, arrolló a la niña, que llevaba a un perro sujeto con una correa, y arrastró su cuerpo varios metros, provocando su muerte por un traumatismo craneoencefálico severo, con fractura de base de cráneo y hemorragia subaracnoidea.
El letrado subraya que el paso de peatones “se encontraba perfectamente señalizado y visible, de igual manera que la vía por la que circulaba el vehículo del acusado era una vía con perfecta visibilidad”.
“Según las huellas de frenada mediante informe biomecánico de Policía Local de Roquetas de mar, se calcula que el vehículo podría ir a una velocidad media de 83,16 km/h en una zona cuya limitación de velocidad es a 50 km/h”, añade, incidiendo en que los agentes encontraron dentro del coche un vaso de cristal con un “combinado de ginebra y tónica”.
Además, incide en que los padres de la niña tuvieron que trasladar su domicilio a Badajoz “por la presión psicológica” derivada del atropello, “abandonado el que había sido su hogar hasta ese momento así como el puesto de trabajo que tenía” el progenitor.
Por estos presuntos hechos, solicita seis meses de cárcel por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas; cinco años de prisión y multa de 24 meses, a razón de 10 euros al día, por un delito contra la seguridad vial, y cuatro años de cárcel por un delito de homicidio imprudente.
También reclama que se prive al legionario del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un total de 20 años, y que indemnice a cada padre con 100.000 euros, y con 50.000 euros al “hermano concebido y no nacido a la fecha de los hechos” de la víctima.
Por estos mismos hechos, el Ministerio Público ha interesado una pena de cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante seis años por delitos de conducción temeraria y de homicidio por imprudencia grave.
En su escrito de defensa, la abogada del legionario sostiene que éste se vio “sorprendido” por la niña, que según esta versión iba “suelta de la mano de su madre” y salió de detrás de un seto sin esperar a ésta y mantiene que su cliente no adelantó a otro vehículo y que intentó “en todo momento frenar y detener” su automóvil.
Por ello, pide que sea condenado por un delito de homicidio imprudente y un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas a dos años de prisión, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un total tres años, y al pago de una multa de seis meses, con cuota diaria de cuatro euros.
Los padres de la menor reclaman que sea un jurado popular el que juzgue al acusado y su abogado ya señaló a EFE que “de ser juzgado por homicidio imprudente, las penas oscilan entre uno y cuatro años de prisión, mientras que las del homicidio doloso van de ocho a quince años de cárcel”.
Los progenitores, David López y Rocío Muñoz, han iniciado una campaña en Change.org (https://chng.it/hgJrfX89Tw), para promover un cambio legislativo con el objetivo de que "las familias que vengan detrás no tengan que pelear tanto como estamos peleando nosotros para que este tipo de personas les juzguen por dolo eventual".