El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha respondido al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y le ha comunicado el "resultado" del pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado día 26 para calificar el suelo del Algarrobico como no urbanizable, tal y como le obligaba desde 2018 una sentencia firme.

En su escrito de alegaciones ante el apercibimiento de multas coercitivas al alcalde, José Luis Amérigo, el consistorio defiende, asimismo, el procedimiento utilizado para modificar la normativa urbanística municipal frente a las críticas de Greenpeace, que denunció al alto tribunal andaluz que el acuerdo adoptado por los concejales del PSOE y un edil no adscrito sería "nulo de pleno derecho" por un defecto en su tramitación cometido "a sabiendas".

El Ayuntamiento carbonero reconoce ante el TSJA que "no ha tramitado de forma completa" el expediente para calificar el Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, y sostiene que hubiera sido "ocioso y superfluo" hacerlo así cuando, según remarca, se trata "única y exclusivamente de un expediente de cumplimiento de sentencia".

Añade en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ningún informe sectorial podría haber "alterado" el resultado y el contenido de una modificación puntual del PGOU de "ineludible" cumplimiento "para todos los sujetos públicos y privados" al tiempo que indica que, pese a ello, se abrió un periodo de información pública "con total transparencia" al que no se realizó ninguna alegación.

Para el consistorio, la desclasificación del Algarrobico no ha sido un acto "discrecional" del Ayuntamiento en el ejercicio de "su potestad de planeamiento", sino un acto determinado de forma "inexorable por una sentencia".

En su escrito, acusa a Greenpeace de querer "crear un conflicto ficticio" entre Carboneras y el alto tribunal andaluz cuando apunta a "un vicio de nulidad" en la desclasificación del Algarrobico y califica de "incompresible" que les reproche "maniobras dilatorias" cuando ha escogido "la forma de cumplimiento de la sentencia más ágil, rápida y eficaz posible", siempre "al amparo de informes técnicos"

"Ahora resulta que esto tampoco satisface los intereses de Greenpeace, lo es que es sencillamente incomprensible y un contrasentido", afirma el ayuntamiento carbonero, que tilda además de "conjetura" que la organización conservacionista "imagine" que ese "vicio de nulidad" se habría cometido "a sabiendas".

Por último, y en respuesta al requerimiento realizado por la sala el día 5, el ayuntamiento remite una certificación emitida por la Secretaría municipal sobre el contenido del pleno e informa de que también ha procedido a comunicar, mediante el oportuno oficio, el contenido del pleno a la Junta de Andalucía.

Greenpeace mantiene que, de acuerdo a la ley vigente, la LISTA, no procedía la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento sin antes aprobarlo de forma provisional y someter el expediente a periodo de información pública.

Considera la convocatoria del pleno extraordinario con carácter de urgencia y "una anticipación de tal solo 24 horas", tuvo como objetivo "evitar" la imposición de multas periódicas al alcalde de 700 euros tras el auto que daba un ultimátum de cinco días el pasado 13 de abril.

Para Greenpeace, no se trata de un "error" ya que el equipo de gobierno de Carboneras "conoce a la perfección los trámites necesarios para llevar a cabo una modificación puntual" ya que, en los últimos años, han acometido 28 modificaciones del PGOU "tal y como admiten".