El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra la empresa Aplinfo Almería SL y su responsable por presuntas irregularidades en cursos de formación subvencionados por el SAE ya que sostiene que, tras la practica de las diligencias de investigación, no hay infracción penal ni los hecho son constitutivos de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental y estafa que les atribuyó la Policía Nacional en el marco de la operación 'Edu'.
En un detallado auto, de 29 de abril y al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada María Belén Moya indica que, en el caso del presunto delito de fraude en subvenciones, no se supera en este caso la cuantía de 120.000 euros que exige el tipo penal y añade que, "ni aún superándose dicha cantidad estaríamos ante dicho delito porque ha quedado acreditado que Aplinfo cumplía las condiciones requeridas para recibir la subvención y porque tampoco se acredita en la causa que las cantidades recibidas se destinarán a fines distintos, sino que ciertamente los cursos subvencionados fueron impartidos".
En concreto, la sociedad recibió, con cargo a la resolución de 16 de enero de 2010, 44.268 euros, y con cargo a la de 16 de enero de 2011, 88.000 euros para cursos de creación y gestión de empresas; autoempleo; experto en gestión de salarios y seguros; y aplicaciones informáticas de gestión, en dos ocasiones.
Con respecto al presunto delito de falsedad documental concluye la jueza que sería, "a lo sumo, una falsedad ideológica" ya que existen en el procedimiento algunos documentos que "son verdaderos" --justificantes económicos-- pero que recogen como cantidad recibida por algunos profesores "una distinta a la que realmente recibió".
Detalla que uno de los docentes "sí recibió en principio la cantidad que consta en los documentos" pero, posteriormente, "devolvió a la academia parte de la misma en base a un acuerdo interno por el que cobraría una cantidad fija al mes, trabajase más o menos horas, por lo que la devolución se hizo en cumplimiento de dicho acuerdo y las clases prestadas por él realmente existieron".
En otros casos, según ahonda, percibieron cantidades como profesores en cursos que realmente no dieron pero sí porque "prepararon el material de dicho curso, que efectivamente fue impartido". "De esta forma, los documentos no eran falsos pues hacían referencia a unos cursos que realmente se habían dado y a unos profesores que realmente habían intervenido en los mismos. Lo único --añade el auto-- es que reflejaban en algunos casos un concepto o cantidad distinta a la realmente recibida, lo que, como se ha dicho, entraría dentro del concepto de falsedad ideológica y sería atípico".
Por último, en referencia al supuesto delito de estafa, la titular del Juzgado de Instrucción 1 asegura que no se "engaño en las condiciones para recibir la subvención" ni se utilizó "engaño bastante en las justificaciones posteriores para recibir el 25 por ciento restante de la misma y no tener que devolver lo recibido".
"Todos los cursos para los que se solicitó la subvención realmente se dieron y la cantidad fue destinada a los mismos, o, en su caso, revirtió en la academia en base al acuerdo interno de algunos profesores sin que supusiera, como se ha dicho, perjuicio para la administración que abono el dinero para que se impartieran los cursos que realmente se impartieron", finaliza para decretar el archivo de la causa con reserva al perjudicado de las acciones civiles que estime necesarias en "defensa de sus derechos contra quien o quienes los hubieren lesionado".
VARIOS ARCHIVOS MÁS EN 16 PROCEDIMIENTOS
Cabe recordar que en un auto de 26 de abril el Juzgado de Instrucción 4 de Almería también acordó decretar el archivo de la causa contra Centro de Estudios Andarax SL y su administrador ya que la jueza estimó que, a "diferencia" de otros casos, en este "sí se impartió el curso debidamente" y los alumnos recibieron la formación "por la que acudieron", por lo que no existe ninguna irregularidad de relevancia penal.
Estos archivos se suman a los ya decretado con respecto a la mercantil Sicma Andalucía SL por el Juzgado de Instrucción 6, que consideró en enero que las irregularidades detectadas, en concreto, que la retribución percibida por el profesor "no correspondía" con la que luego se justificó, se enmarcarían en el ámbito "administrativo".
También resolvió decretar el sobreseimiento provisional el Juzgado de Instrucción 3 de la capital en la investigación seguida contra la mercantil Infocentro SL después de que Ministerio Público concluyese de lo actuado que los cursos de formación para los que recibió 141.122 euros entre los años 2009 y 2013 se realizaron, los profesores se contrataron y los alumnos recibieron la docencia, por lo que no habría delito.
Cabe recordar que el conocido como 'caso Edu' en sus diferentes fases dio lugar a 16 procedimientos que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. La división llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado de 15, ya que sólo asumió la que ha acordado sobreseer, al Decanato para su reparto.
Los cinco juzgados de Instrucción sobre los que recayeron los procedimientos plantearon cuestión de competencia ya que consideraban que las "irregularidades constatadas" tenían todas "un mismo origen en el Servicio Andaluz de Empleo" y, por tanto, existía una "conexidad procesal" si bien la Audiencia Provincial falló en cada una de ellas y de forma sucesiva dando la competencia a los órganos que habían impugnado la decisión.
Por su parte, la Junta, personada en la causa como acusación particular, recurrió al entender también que los delitos que se investigan tienen "conexión entre sí" y, por tanto, pueden ser instruidos en "un único sumario".
Las pesquisas explotaron en febrero y marzo con las detenciones practicadas el marco de las operaciones 'Edu Costa' y 'Edu Centro', que se saldaron con 31 arrestos, entre ellos, los concejales del PSOE de Vícar, José Luis Leseduarte, y de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega, quien renunció a su acta de edil y se dio también de baja del partido.
En concreto, la Policía Nacional finalizó la operación 'Edu Costa' en Almería con la detención de 26 personas y la imputación de otra por un presunto fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas en 2010 y 2011 con cargo a la partida 32D, reservada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por otra parte, la operación 'Edu Centro' se saldó con cinco detenciones en Almería, una de ellas de una persona vinculada a una empresa de Jaén.
