Dicen que, en tiempos de guerra, la verdad es la primera víctima. En época de crisis económica, el activismo ecologista merma hasta casi la desaparición. Y no me refiero al movimiento que podemos ver estos días en Glasgow durante la celebración de la Cumbre del Clima. Hablo de aquel fenómeno de la década de los ochenta y noventa que se movilizaba, en ocasiones sobremanera, para la defensa del entorno natural en Andalucía.

Durante las últimas semanas, la prensa nacional ha puesto la lupa en el Parque Nacional de Doñana, y en su progresivo deterioro a lo largo de las últimas décadas. ¿Recuerdan acciones contundentes de los colectivos ecologistas o una reacción social destacada? Habría que remontarse a 2016 durante las protestas contra los proyectos de extracción y almacenamiento de Gas Natural. Del Algarrobico ni les hablo. Ahí sigue en Almería, en un conflicto urbanístico-judicial telegrafiado hasta la saciedad, pero que continúa con la realidad en pie: un monumento al absurdo en pleno parque natural.

A riesgo de parecer abuelo cebolleta, hay que hacer un poco más de memoria. Ni un ladrillo más fue el lema de los colectivos ecologistas para la urbanización tarifeña de Atlanterra durante los años noventa. Por tierra, mar y aire los activistas consiguieron entonces la simpatía de la práctica totalidad de la sociedad gaditana en su reivindicación consiguiendo parar los megaproyectos e incluso derribar el gran hotel de Atlanterra, otro de los disparates que salpican nuestro litoral.



Por no hablarles de la protesta contra la interconexión eléctrica con Marruecos, aquel cable de Tarifa, que supuso un exceso basado en la desinformación del que Red Eléctrica de España, la empresa distribuidora de la alta tensión, tomó buena nota y trata de no repetir errores en el proyecto de la subestación eléctrica prevista en Puente Mayorga tras desechar su ubicación en La Línea, donde sí hubo rechazo social.

Parece que priman, de cara a la opinión pública, conceptos amplios como el cambio climático y el calentamiento del planeta; es decir la macroecología frente a la microecología basada en la denuncia de  proyectos concretos, sobre todo urbanísticos.