El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en más de 66 millones de euros.
En un auto difundido por la Oficina de Comunicación del TSJA, el magistrado detecta presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables.
Entre las 35 personas contra las que el juez dirige el auto como presuntas responsables penales figuran tres ex altos cargos de la Junta; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como el exsindicalista de UGT Juan Lanzas como supuesto conseguidor de las ayudas y su pareja, Beatriz N.M., el cuñado de Lanzas Ismael Sierra, el supuesto testaferro Juan Francisco Algarín Lamela y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, entre otros.
Fernández y Juan Márquez ya fueron enjuiciados y condenados en la pieza del denominado "procedimiento específico" instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta.
En este sentido, el instructor argumenta que "no se daría un doble enjuiciamiento (non bis in idem) en relación a unos mismos hechos delictivos en dos causas distintas, pues no habrían sido objeto del denominado procedimiento específico las posibles sobrecomisiones que las distintas mediadoras solicitaron y obtuvieron en las distintas pólizas de renta colectiva para el abono de las cantidades concedidas en los distintos ERE, y cuyo pago efectuó la Junta extramuros de cualquier legalidad", a lo que se suma que los escritos de acusación deducidos en la causa del procedimiento específico "no habrían articulado sus pretensiones de condena con fundamento sustantivo en la mecánica delictiva objeto de las presentes actuaciones".
Además, "las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico", prosigue el juez, que alude igualmente a distintos autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en los que se ratifica y confirma "expresamente" la inclusión como investigados en esta pieza separada de Antonio Fernández y Juan Márquez, así como del también ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, contra el que el juez declara extinguida la responsabilidad penal tras su fallecimiento en octubre de 2020.
Al hilo, el juez acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de ocho investigados -aunque contra uno de ellos sigue las actuaciones en calidad de partícipe a título lucrativo-, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el excomercial de Vitalia Jesús Bordallo; debido a la "inexistencia de elementos de convicción suficientes de los que deducir la concurrencia de los presupuestos necesarios" para acordar la continuación del procedimiento.
En el auto, además, el juez continúa el procedimiento como partícipes a título lucrativo contra dos entidades y tres personas físicas y también acuerda continuar dicho procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios contra un grupo de entidades, como UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.
El magistrado considera que el ex consejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, junto a varios responsables de Vitalia y otros investigados, "de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían ejecutado -mediante el desempeño del papel asignado a cada uno de ellos- un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta -con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación-, naturalmente ordenado, aceptado y consentido por responsables de la Consejería de Empleo y fijado en su cuantía por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían".
En este punto, indica que "este fondo de sobrecomisiones, una vez abonadas éstas, habría sido posteriormente distribuido a través de sociedades instrumentales, en muchos casos mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias, para integrarse finalmente en el patrimonio de dichos 'mediadores' y comisionistas ('conseguidores') y otros intervinientes, obteniendo así la parte que a cada cual le correspondía, participando en este lucrativo 'negocio' de intermediación en la obtención de ayudas y financiación pública de costes de extinción colectiva de relaciones laborales", todo ello "bajo una apariencia de legalidad y al amparo de instrumentos jurídicos a través de los cuales se habría de proceder a la instrumentalización ilícita de ayudas y subvenciones, con el fin de hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos".
"Sin justificación que acredite la necesidad de su participación, sin criterio alguno de selección y sin la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva en su contratación, diversas entidades mediadoras habrían intervenido al margen de cualquier mínima forma de legalidad, en la negociación y formalización de las pólizas de seguros asociadas" a las ayudas, señala el juez indicando que las mediadoras "implicadas en la mecánica ilícita objeto estarían integradas principalmente", bien en el Grupo Uniter, bien en el grupo Vitalia.
El juez enumera las presuntas irregularidades analizadas en la intervención de estos agentes y en la mediación de las pólizas y concluye que "la irregularidad de mayor relevancia habría sido la forma -arbitraria, excesiva y fraudulenta- de establecer la cuantía de la retribución (sobrecomisiones) de estas entidades por su intervención en la negociación, formalización y pago de las correspondientes pólizas", y, de hecho, "la retribución de las entidades mediadoras fue el mecanismo utilizado, de común acuerdo por los investigados, para obtener un enriquecimiento ilícito con cargo a los fondos públicos de la Junta destinados a financiar las ayudas sociolaborales".
Según concluye, el resultado de esta "mecánica delictiva" habría determinado que "el exceso de comisiones totales cobradas irregularmente por entidades del Grupo Uniter ascendería a 29.804.937,20 euros, en tanto que las entidades de Vitalia habrían cobrado sobrecomisiones por 36.228.300 euros, lo que supone un enriquecimiento ilícito por importe de 66.033.237 euros".
En otro auto, el magistrado acuerda la detención y su inmediata puesta a disposición del Juzgado de Eduardo P.A., un ex directivo de Vitalia investigado en esta pieza que se encuentra en paradero desconocido, y en consecuencia acuerda emitir una orden europea e internacional de detención.
